Una concurrida Cuenta Pública, que superó las 850 personas, realizó este martes 28 de Mayo el delegado presidencial José Montalva, instancia de transparencia y rendición de cuentas de su gestión a la ciudadanía en que dió a conocer los avances logrados por el Gobierno entre 2023 y 2024, en temas como Seguridad Pública, Obras Públicas, Transportes, Vivienda, Salud, Economía, entre distintas áreas de trabajo.

“Hoy tenemos una baja de un 60% de hechos de violencia, en todos los hechos de violencia, desde atentados incendiarios, hasta daños a las personas, hasta daños al patrimonio de las industrias productivas. Cuando vemos el Plan de Seguridad Agroalimentaria, que ha generado una de las mayores fortalezas, donde el presidente nacional de Corma, Juan José Ugarte, que dice que en La Araucanía han bajado en un 80% los delitos de robo de madera, creemos y pensamos que vamos por el camino correcto”, afirmó el representante de Gobierno.

Dentro de lo mismo, el delegado presidencial de La Araucanía José Montalva, realizó un positivo balance de los dos años del estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur, junto con lo que destacó la notoria baja de los ataques incendiarios gracias el apoyo del Ejército, en las labores que realizan Carabineros y la Policía de Investigaciones en las provincias de Malleco y Cautín.

"Tenemos una disminución de los hechos de violencia (rural) en la región respecto al 2023 del 46 por ciento. En el caso de los atentados incendiarios, tenemos una baja -de acuerdo a los antecedentes de Carabineros- del 56 por ciento", dijo Montalva, a lo que agregó que a la fecha va casi la misma cantidad de detenidos (1.050) que el año 2023, respecto a personas vinculadas a violencia rural.

Las máxima autoridad del Gobierno en la zona consideró además como un gran golpe a la violencia rural, la condena al vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul, quien fue condenado en primera instancia a 23 años de presidio.

Montalva asumió el cargo de delegado presidencial en octubre de 2022, cuando la violencia rural era uno de los mayores problemas de seguridad pública y de mayor connotación en la región. Hoy, las cifras respaldan la gestión liderada por el Ejecutivo y la coordinación con Fiscalía, las policías y el Ejército.