Permisología: el empresariado extractivista que ignora el medio ambiente y los Derechos Humanos

La agenda llamada “permisología” no es nueva ni exclusiva de Chile. Las grandes empresas vienen promoviendo en varias partes del mundo, la idea de que la evaluación ambiental impide la inversión. Culpan a los mecanismos de protección ambiental de la demora o el rechazo de proyectos. En una nota publicada el 30 de diciembre de 2024 en El Diario Financiero y TemucoDiario.cl, se dice que La Araucanía dejó de recibir US$ 4.300 millones en inversiones y 31 mil empleos por permisos no aprobados en la última década. La nota se basa en un estudio de la Multigremial de La Araucanía, sector que agrupa a los gremios de la Asociación de dueños de camiones, la cámara chilena de la construcción, SOFO, la Corporación Maderera CORMA, Salmon Chile, la Asociación de Agricultores de Malleco, HOTELGA (que agrupa a grandes hoteles y restoranes) y la Asociación de Industriales de Malleco y Cautín ASIMCA. 

Es paradójico o tal vez simplemente torpe, que la Multigremial use el proyecto WTE Araucanía para ejemplificar la situación. Un proyecto que recibió un amplio y transversal rechazo ciudadano, con más de 17.000 observaciones ciudadanas en su contra, y que estuvo en evaluación ambiental por cinco años, con el 84% del tiempo transcurrido con plazos suspendidos a solicitud de la misma empresa. 

Este proyecto que al parecer es emblema de la Multigremial Araucanía, intentó primero ingresar el 2016 al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este proceso simplificado no contiene participación ciudadana obligatoria, los plazos de evaluación son de la mitad de los de un Estudio de Impacto Ambiental, y la forma de presentación tiene muchos menos requisitos que un EIA (no contiene línea de base, por ejemplo).  Las DIAs, sin embargo, están reservadas a proyectos que no generen los efectos adversos establecidos en el art.11 de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, es decir que no generen impactos negativos en los recursos naturales como aire, suelo, agua paisaje, no afecta a población protegida, entre otros requisitos.  

Pero un incinerador de basura evidentemente pone en riesgo todos los componentes ambientales por la peligrosidad de la actividad en sí, y de las emisiones que genera. Por esta razón la DIA fue declarada inadmisible y se obligó a la empresa a ingresar un estudio de impacto ambiental. 

Viaje a España

La empresa WTE Araucanía Spa, fue creada luego que su socio principal Robert Wörner, acompañara como único privado a una delegación de funcionarios públicos (entre ellos el entonces alcalde de Temuco Miguel Becker, y el intendente Francisco Huenchumilla), a Madrid a conocer sistemas de tratamiento de basura. En dicha gira realizada en enero de 2015, la delegación visitó una planta piloto de higienización de basura, y un incinerador. En abril del 2015, el empresario Wörner constituye la empresa WTE Araucanía junto a Juan Pablo Cavalla Paraud, Inversiones Franco Boke Spa, Gastón Carlos Caminondo Vidal Y Stefan Krause Niclas. En diciembre de 2015 la Municipalidad de Temuco con Becker a la cabeza, abre una licitación pública para un nuevo sistema de disposición final de basura, adjudicada en abril del 2016 a WTE Araucanía con un proyecto de higienización e incineración de basura por gasificación. 

El EIA ingresado en 2017 luego del fallido intento de ingreso por DIA, recibió más de 2.500 observaciones ciudadanas ese año, y cientos de observaciones de los servicios públicos evaluadores, razón por la cual la empresa pidió suspensión de plazos por 702 días corridos. 

En 2019 la empresa reactiva el proceso entregando su primera adenda, en la que el proyecto sufrió enormes transformaciones. Ya no se trataba de una planta higienizadora y un incinerador por gasificación, sino simplemente de un incinerador con horno-parrila. Por esta razón (y a solicitud de organizaciones de la sociedad civil como la Red de Acción por los Derechos Ambientales y comunidades mapuche de Lautaro), se reabrió la participación ciudadana, que esta vez recogió más de 15.000 observaciones en contra del proyecto. Luego de esto, la empresa volvió a pedir suspensión de plazos, esta vez por un año y cinco meses, aunque el SEA solo le concedió un año. Luego la empresa volvió a pedir cinco meses extra de suspensión de plazos, que fueron concedidos por el SEA Araucanía. Luego la empresa volvió a pedir suspensión de plazos por tres meses adicionales que nuevamente fueron concedidos. 

La empresa negó en el comienzo que afectaría a comunidades mapuche del sector, que generaría emisiones de dioxinas y furanos al aire, e inicialmente calculó que necesitaría obtener botellas plásticas desde los puntos verdes de Temuco, para luego y producto de la presión ciudadana, reconocer que generaría esas tóxicas sustancias, que afectaría a comunidades mapuche, y retiró la sección (inicialmente en la DIA) en donde calculaba la necesidad de retiro de botellas desde los puntos verdes de la ciudad.

Rechazo en 2022

El proyecto WTE Araucanía fue rechazado en la Comisión de Evaluación Ambiental Regional unánimemente en 2022, y posteriormente en el Comité de Ministros en 2023. Se trata de un proyecto contrario a las políticas ambientales del país, tremendamente caro, contaminante y peligroso, impopular y, como si todo esto fuera poco, iniciado con información privilegiada. 

El Sistema de Evaluación Ambiental en Chile realmente no es lo que quisiéramos desde las organizaciones que defendemos la naturaleza y los derechos ambientales. Este proyecto debería haber sido rechazado mucho antes de los cinco años que duró la evaluación. Sin embargo se le dieron demasiadas oportunidades a la empresa para corregir sus errores, incluyendo una tercera adenda sin justificación alguna, cuestión que va en contra del reglamento del SEIA. 

Este es el tipo de proyectos que el gran empresariado chileno quiere ver aprobados y rápidamente, con un sistema de evaluación ambiental que haga vista gorda de las falencias, y que apruebe sin demora propuestas empresariales sin importar la negligencia de sus titulares, ni los daños al ambiente y la salud de las personas que puedan provocar.

Agenda del extractivismo

La agenda de la “permisología” es la agenda del extractivismo, del enriquecimiento de unos pocos a cambio del daño irreparable del ambiente y la salud, no solo de quienes habitan hoy esos territorios sino también de las futuras generaciones que los habitarán. Es hipotecar las posibilidades de desarrollar actividades económicas que no dañen el ambiente y que restauren los ecosistemas y nuestra relación con ellos. 

Por eso es fundamental que el proyecto de ley de reforma al SEIA sea rechazado en el parlamento. Hoy se encuentra en el senado en donde se han aprobad indicaciones que permiten la no evaluación de modificaciones a proyectos aprobados, la no evaluación de proyectos en Áreas Silvestres Protegidas del Estado, la reducción de plazos de evaluación, y una serie de indicaciones que apuntan a la rápida aprobación de proyectos y a restringir las atribuciones de las instituciones públicas evaluadoras. No cifro esperanzas en el senado con lamentables representantes como la senadora Aravena de la región de la Araucanía, que propuso una indicación para que, por decreto presidencial, se pudieran eximir de evaluación ambiental proyectos por, entre otras razones, transición energética. Afortunadamente esta indicación fue rechazada.

Cifro esperanzas en la ciudadanía, en las organizaciones y comunidades que defienden sus territorios y ven claramente las falsas soluciones. ¿Será capaz la cámara de diputadas y diputados, de escuchar a quienes defendemos los derechos ambientales de todas y todos, y no a los grandes empresarios? Por su propio bien, y por el bien de todas y todos, espero que sí.