Fiscales y diputados se salvaron: Contraloría no fiscalizó sus licencias médicas

Del cruce de información que hizo la Contraloría General de la República (CGR), sobre las licencias médicas que utilizaron todos los funcionarios públicos de Chile, entre 2023 y 2024, con el registro de salidas del país de la Policía de Investigaciones (PDI), emanó un informe que certificó que 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional, habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

El reporte realizado por la Contraloría General de la República (CGR) señala también, que para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres.

A raíz de lo anterior, la Contraloría envió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que se investigue y sancione si corresponde, a la vez que instruyó la realización de sumarios administrativos en cada uno de los más de 780 servicios públicos, municipalidades o entidades afectadas.

Por su parte, el Ministerio Público ya anunció la apertura de más de 25 mil causas para investigar a los funcionarios que estando con licencia médica, salieron del país o incluso, a quienes les cursaron una estando ya de viaje, como a Raúl Ignacio Domínguez Bastidas, jefe de fiscalización del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quien estando de viaje en Europa, hizo uso de una licencia médica por tres días y así pudo alargar su viaje por el país europeo; funcionario que un día después de la nota de AraucaniaDiario que relevó lo sucedido, renunció.

Fiscales de vacaciones

Sin embargo, existe un vacío de información en lo informado por la Contraloría: ¿Se fiscalizaron las licencias médicas de todos los funcionarios públicos entre 2024 y 2025?, ¿se sacaron del total fiscalizado las licencias de funcionarios del Ministerio Público y del Congreso?, ya que fuentes de AraucaniaDiario confirmaron el jueves pasado que entre los 25 mil funcionarios públicos que serán investigados por la fiscalía, no hay funcionarios ni del Ministerio Público ni del Congreso, ya que el ente Contralor "no tiene facultades para fiscalizar al M. Público", como respondieron desde la Contraloría ante la consulta de AraucaniaDiario.

"Tampoco fiscalizamos al Congreso", informaron desde la Contraloría, ya que efectivamente, en el informe de los funcionarios públicos que salieron de vacaciones o de viaje con licencia médica, tampoco figuran quienes trabajan en el Congreso, ya sea diputados, senadores o sus trabajadores. 

Así, se consolida en Chile la existencia de funcionarios públicos de primera y de segunda categoría, unos, que ante sus faltas pueden ser fiscalizados y sancionados por la Contraloría; otros, los de la fiscalía y del Congreso, que pueden infringir la Ley y que no pueden ser controlados por el ente Contralor de Chile.