Denuncian persecución judicial contra el lonco Guillermo Ñirripil Cheuquepan

Tras la sentencia de 5 años y un día dictada en 2024 contra el lonko Guillermo Ñirripil por el delito de extorsión, los antecedentes dados a conocer por su comunidad, señalan que demuestran que no se trata de un hecho delictivo, sino de un proceso de persecución política orquestado mediante vicios procesales.

De acuerdo a lo informado por su comunidad, el Ministerio Público habría incurrido en una falta gravísima “al no convocar a declarar al particular (Marcos Sanhueza), quien actuó como gestor y representante de la propietaria del fundo”. 

Al respecto,  su comunidad agrega: “este sujeto, articuló conversaciones que se extendieron por más de un año con la autoridad tradicional. Su exclusión del juicio impidió que el tribunal conociera la génesis de los diálogos, los cuales fueron iniciados por la propia parte querellante y no por el lonko”.

Sustento jurídico elemental

Afirman que la acusación de extorsión carece de sustento jurídico elemental. Los fondos cuestionados fueron entregados mediante un vale vista bancario destinado a fines sociales. “Es imperativo subrayar que fue el propio representante de la propietaria quien acompañó físicamente al lonko a la institución bancaria para realizar el cobro. Este hecho, por sí solo, desmorona la tesis de la “intimidación”, pues nadie que sea víctima de extorsión asiste voluntariamente a su victimario en el proceso de pago”, señala la nota de las comunidades.

La situación del lonko Guillermo Ñirripil Cheuquepan —de la comunidad Miguel Cheuquepan, en la comuna de Curacautín—, autoridad tradicional respaldado por 21 comunidades mapuche del territorio que abarca Lautaro, Curacautín, Perquenco, Victoria, Lonquimay, Vilcún y Padre Las Casas, ha sido calificada por estas comunidades como un ejemplo paradigmático de persecución penal continuada.

Mientras cumple una condena de 5 años y un día (RIT 508-2023) tras el fallo confirmatorio de la Corte de Apelaciones de Temuco del 10 de abril de 2024, el lonko se enfrenta a una nueva arremetida judicial. La Fiscalía logró fijar para el 1 de julio de 2026 un segundo juicio oral en su contra (RIT 133-2025), imputándole los delitos de robo con intimidación y extorsión en un contexto de diálogo territorial.

Criminalización

Este doble frente judicial ha encendido nuevamente las alarmas de las comunidades, que consideran que el nuevo juicio representa una amenaza real e inminente de nuevas penas privativas de libertad, configurando un escenario de criminalización que busca neutralizar definitivamente el rol del lonko en la defensa territorial y ambiental.

De acuerdo con el pronunciamiento de estas 21 comunidades mapuche, el modus operandi de la Fiscalía en este caso ha sido denunciado como parte de un patrón sistemático de racialización de la justicia. Análisis comparativos con causas de connotación nacional que involucran a personas no mapuche evidencian un doble estándar en la aplicación de la ley, especialmente en el uso abusivo de la prisión preventiva y la estigmatización mediática.

“En el caso del lonko Ñirripil, el Estado chileno no solo ejecuta una condena, sino que prepara el terreno para una nueva, ignorando por completo la naturaleza de los hechos originales, que comunidades y el propio lonko describen como procesos de negociación amparados en la palabra empeñada, un pilar fundamental de la cultura mapuche”, señalan las comunidades.

La persistencia de esta persecución ocurre en un contexto donde, según las comunidades, se reafirman en el sistema penal prácticas de discriminación y vulneración al debido proceso contra autoridades mapuche. El Estado “continúa aplicando una política penal que transforma la reivindicación territorial y la resolución de conflictos en delitos comunes, despojando de legitimidad a las instituciones tradicionales”, indicaron.

Convenio 169

Las comunidades hacen un llamado urgente a la solidaridad frente a esta estrategia de “doble persecución que transgrede los estándares del Convenio 169 y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”. Se exige que se abran canales de diálogo genuino y culturalmente pertinente para abordar el conflicto territorial de fondo, y se garantice la integridad física y cultural del lonko Guillermo Ñirripil mientras permanece privado de libertad.

Otro punto de relevancia que ponen en alerta las comunidades en el caso del Lonko, es la vulneración estructural del Estado chileno hacia presos mapuche, especialmente en el ámbito penitenciario: “La privación de libertad sin pertinencia cultural afecta su espiritualidad, identidad y vínculo territorial (…) se le niega la posibilidad de ejercer ceremonias propias y enfoques diferenciados de acuerdo al derecho indígena”, denuncian las comunidades.