
Senadora Aravena alerta sobre alza de extorsiones en La Araucanía
Según cifras del Ministerio Público, La Araucanía ya se ubica en 2024 como la tercera región con más casos a nivel nacional,

Según cifras del Ministerio Público, La Araucanía ya se ubica en 2024 como la tercera región con más casos a nivel nacional,

Miembros de la comunidad “Panchita Viuda de Cheuquel Epu” de Lautaro, llegaron a exigir $15 millones para “no quemar" su cosecha a otros parceleros mapuche.

El miembro de la Comisión Nacional para la Paz fue acusado por la agricultora Roxana Carrut, de presiones indebidas para recibir dinero a cambio de permitir cosechar dentro de su propiedad, a comuneros mapuche que la han atacado múltiples veces.

La sentencia contra Guillermo Ñirripil y José Pichunhuala se leerá el 30 de enero y arriesgan hasta 8 años de cárcel, de los cuales llevan 11 meses de prisión preventiva.

El hombre fue condenado además por secuestro en contra del conductor de un camión y por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

El comunero mapuche habría cobrado desde una sucursal bancaria 18 millones de pesos, para no quemarle un bosque de pino que la mujer estaba explotando en su predio de Lautaro.

El imputado habría exigido $32 millones, de los cuales alcanzó a cobrar $18.000.000, monto que fue cobrado el martes 21 de marzo, en la sucursal bancaria del banco Security en el centro de Temuco.

Carabineros del OS9 detuvo ayer martes a un integrante de la comunidad Miguel Cheuquepán en el marco de una investigación por el delito extorsión.

Se busca fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, entregando herramientas concretas a quienes liderarán este cambio.

La mujer -que fue reelecta para representarlos por Malleco- simplemente "no apareció" en la sesión que debía realizar la Comisión de Agricultura en el INIA.

Adhirieron a su campaña y dieron a conocer sus propuestas en política indígena, respeto de la dignidad, paz social y seguridad en la Macrozona Sur.

El sujeto lo habría llevado además a su departamento, donde le habría realizado tocaciones. El Municipio hizo las denuncias ante la PDI y la fiscalía.

El Gobierno reconoció que la construcción del dique para cerrar el afluente del lago Caburgua, es para resguardar el cauce a quienes tienen derechos.