Funcionarios de la UFRO denuncian a la exdirectiva por $192 millones faltantes
No aceptaban entregar el poder de la asociación, pese a que sus asociados, todos funcionarios de la Universidad de La Frontera (UFRO), exigían en cada asamblea la salida de Brenda Deomojan y los directivos que de a poco, iban renunciando.
Y es que dentro de lo que pedían, estaba la rendición de cuentas y transparentar las finanzas de la asociación, a lo que se negaban permanentemente, tanto así que comenzaron a renunciar miembros de la directiva, hasta que ya no pudo sesionar más.
Luego, Deomojan intentó continuar con el mando de la asociación, pidió que la Inspección del Trabajo la validara en el cargo, pero tras una serie de oficios, dimes y diretes, no pudo continuar y se tuvieron que realizar elecciones de la AFUF (Asociación de Funcionarios de la UFRO).
AraucaniaDiario estuvo en cada uno de los pasos, que permitieron algo que no sucedía hace muchos años: que la directiva de la AFUF fuera independiente de las autoridades de la UFRO y representara de verdad a todos sus asociados.
Querella criminal por $192 millones
"Como Directorio de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Universidad de La Frontera, queremos comunicar a nuestras socias y socios, a la comunidad universitaria y a la opinión pública que, con fecha 11 de mayo de 2026, junto a nuestro asesor jurídico, abogado Carlos Muñoz Sanhueza, hemos presentado una querella criminal en contra de la y los ex-dirigentes de la Asociación y de todos quienes resulten responsables, por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal", informaron desde la asociación.
"Esta acción judicial se sustenta en el trabajo de análisis y recopilación de antecedentes realizado por la Comisión Revisora de Cuentas, instancia interna encargada de fiscalizar el correcto uso de los recursos de la Asociación y que fue mandatada por la asamblea de socios y socias realizada el día 22 de enero de 2026, siendo en el marco de este proceso donde se detectaron inconsistencias en la administración de recursos, identificando preliminarmente un faltante superior a los 192 millones de pesos cuyo respaldo, destino o trazabilidad no ha podido ser debidamente justificado", agregaron.
Falta de transparencia
"Como actual directiva, vemos con profunda preocupación que estas irregularidades hayan ocurrido en un período especialmente complejo para la Asociación, la que desde el año 2024 atraviesa una profunda pérdida de confianza y credibilidad institucional, marcada por la falta de transparencia, la ausencia de información clara hacia las bases y el creciente sentimiento de abandono que afectó a muchas funcionarias y funcionarios, en uno de los momentos más complejos que ha enfrentado nuestra casa de estudios", señalaron además.
"Finalmente, queremos enfatizar que esta acción judicial responde al mandato entregado por nuestros asociados y a las responsabilidades éticas, legales y estatutarias que como directiva nos corresponde asumir frente a hechos que afectan la confianza y el patrimonio de nuestra organización. Por ello, esta querella busca contribuir al esclarecimiento de los hechos, establecer las responsabilidades correspondientes y avanzar en la recuperación de la confianza y legitimidad de nuestra Asociación", finalizaron desde la asociación.
Cabe reconocer y felicitar, como medio de comunicación, la transparencia de esta directiva y su coherencia con lo prometido durante la elección, con las acciones que está adoptando para garantizar transparencia y probidad.