Nuevo atentado a la Libertad de Prensa en la UFRO: directiva demanda a AraucaniaDiario

Un nuevo atentado contra la Libertad de Prensa y de información protagonizó una funcionaria del área directiva de la Universidad de La Frontera (UFRO), luego de que se informara un recurso judicial presentado por la Asociación de Funcionarios de la universidad estatal (AFUF), que daba cuenta sobre prácticas desleales y antisindicales en las que habrían incurrido dos funcionarias, en contra del tesorero de la asociación, Servando Contreras Illanes.

El recurso de protección —completamente infundado— que se dirige en contra de la AFUF y de AraucaniaDiario, denuncia supuestos "actos ilegales y arbitrarios consistentes en la difusión, publicación, reproducción y mantención de contenidos accesibles al público, en correo electrónico masivo, redes sociales institucionales y plataformas de prensa digital", en los que se individualiza a la funcionaria de confianza del rector Juan Manuel Fierro.

La mujer fue denunciada por la directiva del gremio ante el juzgado laboral de Temuco, el cual acogió las medidas de resguardo solicitadas, en contra de quien presenta el recurso de protección y la UFRO.

La denuncia de Martha Ramírez

"Los actos lesivos comenzaron el día 01 de junio de 2026, fecha en que la AFUF difundió un comunicado mediante correo electrónico masivo dirigido a sus asociados y posteriormente a través de sus redes sociales institucionales Facebook e Instagram, manteniéndose sus efectos hasta la actualidad mediante la permanencia de las publicaciones y su reproducción sucesiva por distintos medios de comunicación digitales", dice el recurso.

"Luego, con fecha 02 de junio de 2026, el contenido fue replicado por Araucanía Diario en su sitio web y difundido asimismo en sus plataformas digitales, ampliando de manera exponencial el alcance de la exposición pública de mi representada ... doña Martha Teresa Ramírez Valdivia, es Ingeniera Industrial y se desempeña actualmente como Directora de Análisis y Desarrollo Institucional de la Universidad de La Frontera, cargo de alta responsabilidad dentro de la estructura universitaria", agrega la demanda.

Lo anterior, según la mujer, al asociarla a presuntas prácticas antisindicales, impacta directamente en su prestigio funcionarial, en su credibilidad profesional y en la imagen pública que ha construido en el ejercicio de sus funciones directivas.

Por otro lado, se reclama que la AFUF no se limitó a comunicar sólo a sus asociados la existencia de la denuncia por prácticas antisindicales, sino que optó por dar a dicha comunicación una proyección pública masiva, utilizando para ello canales de difusión abiertos, permanentes y de alta circulación.

Que hubiesen querido

"... la recurrida podía perfectamente haber comunicado la existencia de la acción judicial en términos institucionales, informando, por ejemplo, de una demanda deducida contra la Universidad o contra autoridades universitarias, sin necesidad alguna de identificar nominativamente a mi representada, ni de exponerla públicamente como si se tratara de una persona ya responsable de las conductas denunciadas", reclama la defensa de Ramírez .

"En otras palabras, la controversia jurídica fue transformada por la recurrida en una forma de exposición pública personalísima, mediante la cual el conflicto dejó de ser presentado como una disputa institucional para pasar a encarnarse nominativamente en mi representada", manifiesta la directora.

"La gravedad del actuar descrito se intensificó aún más cuando la Sociedad Periodística Araucanía Diario Limitada, con fecha 02 de junio de 2026, publicó en su plataforma digital una nota titulada “Funcionarios demandan a la UFRO por prácticas desleales y antisindicales”, en la que nuevamente se individualizó a mi representada, reproduciendo y amplificando la asociación de su nombre con imputaciones que no han sido establecidas judicialmente", dicen además.

En el recurso de protección, se reclama que a través de esta publicación, el conflicto dejó definitivamente de estar circunscrito al ámbito universitario o sindical, proyectándose hacia la opinión pública regional y hacia una audiencia general e indeterminada, ajena al contexto interno en que se originó la controversia.

Aún no existe sentencia

"En efecto, la intervención de Araucanía Diario no consistió en una mera reproducción neutra de la existencia de una acción judicial, sino en la amplificación pública de una imputación personalizada, presentada de forma tal que el nombre de mi representada quedó nuevamente expuesto y vinculado ante terceros a hechos graves, en circunstancias que no existe sentencia firme ni resolución definitiva que establezca responsabilidad alguna a su respecto", reclama la funcionaria de la UFRO.

"El medio recurrido contribuyó así a consolidar y extender la afectación ya provocada por AFUF, multiplicando el alcance del contenido y aumentando su potencial lesivo sobre la honra y la imagen pública de mi representada", dice la abogada de Martha Ramírez.

"Sin perjuicio de que el fondo de la controversia laboral suscitada con el denunciante, don Servando Contreras, corresponde ser resuelto por los tribunales del trabajo competentes, resulta pertinente para los efectos del presente recurso poner de relieve que la imputación pública difundida por AFUF —y posteriormente amplificada por Araucanía Diario— carece de toda verificación seria, circunstancia que incide directamente en la calificación de arbitrariedad del actuar de los recurridos y en la ausencia de diligencia periodística que se desarrollará en el capítulo respectivo", alegan además.

Otra directiva

"Resulta asimismo relevante destacar que las publicaciones recurridas no se limitaron a individualizar a mi representada, sino que identificaron también, por nombre y cargo, a otra autoridad universitaria, calificando expresamente a ambas como “acusadas” de no respetar derechos sindicales, en circunstancias que dicha denuncia se encontraba, a la fecha de la publicación, en una etapa absolutamente inicial de tramitación", dice la funcionaria de confianza del rector Fierro.

"Esta circunstancia confirma que la conducta de los recurridos no respondió a una necesidad informativa legítima, sino a la deliberada construcción de un relato de reproche público en contra de autoridades determinadas, carente de todo sustento en antecedentes verificados", acusa Martha Ramírez.

Debido a lo denunciado, la recurrente explica que ha debido enfrentar una sensación de exposición y hostilidad al interior de su lugar de trabajo, sintiéndose observada, cuestionada y desautorizada en espacios laborales, lo que la ha afectado incluso familiarmente, ya que su esposo también es funcionario de la Universidad de La Frontera.

La realidad de los hechos

Tras reproducir parte de la acción legal presentada, AraucaniaDiario tiene a bien señalar que el recurso de protección es totalmente infundado, por cuanto se informaron hechos de interés periodístico, recabados de fuentes confiables al interior de la universidad y que eran de público conocimiento.

"En efecto, los hechos sí fueron denunciados ante el juzgado del trabajo de Temuco y efectivamente se acogieron medidas de resguardo del funcionario afectado, don Servando Contreras, ordenando el tribunal que cesen las acciones antisindicales ejercidas por doña Martha Ramírez, como son cambiarlo de lugar de trabajo mientras tenga fueron sindical", manifestó el editor de AraucaniaDiario Ricardo Barría.

Por otro lado la Ley es clara y todas las personas tienen el derecho fundamental de emitir opinión e informar sin que ninguna autoridad o entidad pueda revisar o prohibir la información antes de ser publicada.

"Por otra parte, cualquier persona o empresa crear y mantener medios de comunicación social (como diarios, radios, canales o sitios web) y también asegura que nadie puede ser perseguido o discriminado por sus opiniones", agregó el editor.

Reserva de fuentes

Asimismo, la Ley 19.733 (sobre libertades de opinión, información y ejercicio del periodismo) y el Artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, garantizan el derecho legal que tenemos de no revelar nuestras fuentes de información, protegiendo así a quienes les entregan datos de manera confidencial.

"Este es justamente el derecho que nos ha permitido proteger nuestras fuentes al interior de la Universidad de La Frontera, lo que seguiremos haciendo siempre. Gracias a ellos pudimos destapar las serias irregularidades que ocurrían en la administración anterior, o con la directiva de la AFUF dirigida por Brenda Deomojan y seguiremos fiscalizando las acciones de los actuales directivos de la UFRO", puntualizó Barría.

Finalmente, el también miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), recalcó que la ley también establece que la libertad de prensa tiene límites. "Los medios y periodistas deben responder ante la justicia si cometen delitos como injurias, calumnias o vulneraciones a la vida privada de las personas", dijo Ricardo Barría, aclarando que en el caso de Martha Ramírez nada de esto ha pasado, ya que se informó sobre sus actuaciones como funcionaria pública, en el ejercicio de su cargo.