Caso Huracán: Querellantes solicitan 38 años para el general Blu y mayor Marín
En el escrito, los querellantes solicitan penas mayores a las de Fiscalía, específicamente 13 años más, amparándose de dos agravantes: “Prevalerse del carácter público que tenga el culpable” y “Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca”.
Seis de los once comuneros mapuches, solicitaron penas que alcanzan a los 38 años de presidio para el general en retiro de Carabineros, Gonzalo Blu y el mayor en retiro Patricio Marín.
La acusación fue ingresada por los abogados del Centro de Investigación Sur (Cidsur) y presentada ante el Juzgado de Garantía de Temuco en representación de los comuneros mapuches, Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullan Cayul, además de José Armando Henríquez Medina, David Cid Aedo y Fidel Tranamil Nahuel, quienes fueron detenidos en septiembre de 2017 en la causa derivada de la fallida "Operación Huracán".
En el escrito, los querellantes solicitan penas mayores a las de Fiscalía, específicamente 13 años más, amparándose de dos agravantes: “Prevalerse del carácter público que tenga el culpable” y “Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca”
"Creemos nosotros que las motivaciones que tuvieron aquellos funcionarios de policías fue incriminar a nuestros representados por ser parte del pueblo mapuche y tener una ideología particular", explicó Karina Riquelme, una de las representantes del caso.
Penas solicitadas
Para el capitán en retiro, Leonardo Osses: La Fiscalía pide que se le condene a 18 años, en tanto Cidsur pide se le apliquen 23 años de presidio.
Para el profesor Alex Smith Leay: El Ministerio Público solicita una condena que alcanza los 21 años y en esta acusación los querellantes piden que sea sentenciado a cumplir 26 años de cárcel.
Los acusados, además de otros siete uniformados, enfrentan cargos por asociación ilícita, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y obstrucción a la investigación simple y calificada.
La audiencia de preparación se encuentra fijada para el 16 de marzo.
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