La institución educacional continuará sin realizar la totalidad de las clases, en un paro que supera los 135 días. Más de 400 estudiantes ya se han retirado del Liceo. El año escolar para los alumnos de cuarto año medio se dio por finalizado.
La Región31/07/2021
Catalina Sánchez Hidalgo
La Dirección del Trabajo de La Araucanía aclaró, tras el dictamen que declara la educación como un servicio esencial, sin posibilidad de huelga, que el pronunciamiento que realizó la entidad fiscalizadora es puntual y se refiere sólo a la situación que se ha presentado con la pandemia de coronavirus.
"... dada sus funciones y objetivos, jamás limitará un derecho fundamental como lo es el derecho a huelga. Dicho derecho está reconocido por la legislación y por tratados internacionales vigentes en nuestro país", enfatizaron desde la dirección regional.
"Por lo anterior, y dado el carácter fundamental del derecho a huelga, las limitaciones o restricciones que afecten su ejercicio solo proceden ante situaciones calificadas por el legislador y por ello se interpretan restrictivamente", agregaron.
Por lo tanto, desde la institución de Gobierno manifestaron que en este y otros casos, el derecho a huelga sí puede ejercerse bajo las consideraciones legales que existen al efecto y respetando la libertad de los trabajadores no involucrados en ella.
Finalmente, recalcaron que la huelga sostenida por los trabajadores del Liceo es legal y que además, se enmarca dentro de la legislación vigente, llevándose a cabo de acuerdo a los cauces formales que establece la legislación.
La demora del rescate puso en tela de juicio los procedimientos y protocolos en estas situaciones, donde inicialmente se solicitó "no llamar a Bomberos".
El docente habría ganado hasta un millón mensual haciendo funcionar 40 computadores día y noche, lo que puso en riesgo a la comunidad escolar.
Son más de 400 los empresarios que han sufrido atentados, afectando a sus trabajadores y familias, directa e indirectamente.
Matías y Eriberto Ancalaf Prado fueron condenados a 15 años por el asesinato del sargento Francisco Benavides, el 24 de mayo del 2021 en Collipulli.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
El hoy fiscal regional de Coquimbo nació en Temuco y comenzó su carrera del Ministerio Público en Loncoche en el año 2000.
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Según la fiscalía, Rubén Cheuquepán debía declarar por videoconferencia, lo que le imposibilitaba comunicarse con su abogado de forma simultánea y en persona.
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