El Juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud de la defensa pública y decretó el sobreseimiento definitivo de la presidenta de la Fenats Histórica del Hospital de Temuco Teresa Saavedra, quien fue denunciada ante la Fiscalía por el Ministerio de Salud.
La Región29/09/2021
Catalina Sánchez Hidalgo
Tras siete meses de investigación, el Juzgado de Garantía de Temuco decidió sobreseer a la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats Histórica) del Hospital Regional de Temuco, Teresa Saavedra, quien fue denunciada por el Ministerio de Salud por sus dichos sobre el proceso de vacunación a funcionarios que se desarrollaba en ese centro asistencial.
La dirigente cuestionó la falta de información respecto de la vacuna que utilizarían para inocular a los funcionarios, tras lo cual fue investigada por el Ministerio Público que, luego de una serie de diligencias, confirmó que sus declaraciones no configuraban delito alguno. Saavedra se mostró tranquila por el cierre del proceso y confiada en que cumplió con su rol como representante de los trabajadores.
“En mi rol de dirigente mujer solicité información, acción que fue tergiversada por la autoridad y algunos medios, en que yo había hecho un llamado a no vacunarse (…) Hoy día el proceso de investigación demuestra que jamás he llamado a no vacunarse, sino que hice un llamado a informarnos cuáles eran las vacunas que iban a inocularnos”, explicó la dirigenta.
Los hechos
En enero de este año, la dirigenta del Hospital "Hernán Henríquez Aravena" dio a conocer su posición respecto del proceso de vacunación de los funcionarios del recinto hospitalario.
En el marco de la comunicación oficial recibida por los funcionarios del centro médico, según la cual su inmunización sería con la vacuna Pfizer, Teresa Saavedra señaló a través de diversos medios de comunicación que existía una falta de información respecto de la vacuna Sinovac, que fue finalmente la elegida para la inoculación.
Este cambio de vacuna generó dudas entre el personal de salud, que hizo ver diferencias en el porcentaje de efectividad entre la vacuna anunciada y la que oficialmente les sería suministrada.
Fue en ese contexto que la dirigenta realizó una serie de declaraciones en diversos medios de comunicación, en las que hizo alusión a la falta de información existente sobre el proceso. Sus dichos tuvieron repercusión en el Ministerio de Salud, que el 3 de febrero presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de Saavedra, señalando que sus declaraciones habrían causado alarma pública.
Investigación
El Ministerio Público abrió una investigación desformalizada contra la representante gremial, quien fue representada por el defensor penal público Juan Pablo Alday.
Desde el inicio del proceso, el abogado afirmó que Saavedra no había cometido ningún delito y explicó que más bien actuó desde su rol como dirigenta gremial, solicitando la información necesaria respecto del proceso de vacunación de los funcionarios de salud. En ese mismo momento Alday descartó de plano que su representada haya hecho un llamado a no vacunarse.
“El Ministerio de Salud presentó una denuncia. En ningún caso se presentó una querella. No solicitó diligencias, solamente se limitó a poner un hecho en conocimiento del Ministerio Público”, indicó el defensor público.
Agregó que tras una investigación de siete meses, la Fiscalía se allanó a la solicitud de la defensa pública de sobreseer definitivamente el caso.
"El Ministerio Público...llegó a la convicción...de que se decretara el sobreseimiento definitivo, puesto que estimó, al igual que la jueza de garantía que lo decretó, que los hechos investigados no eran constitutivos de delito”, sostuvo.
Juan Pablo Alday precisó que el sobreseimiento definitivo "le pone una lápida definitiva y final a una investigación penal" que impedirá, en este caso, que Teresa Saavedra vuelva a ser investigada por los mismos hechos.
"Posibilidad de apelación no hay, porque los únicos intervinientes en este proceso fueron la defensa, la imputada y el Ministerio Público. No existió querella, no hay más intervinientes que puedan decir que tengan un agravio en contra de esa resolución y que puedan presentar una apelación”, concluyó.
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