La iniciativa presentada por diputados del PPD y del PC colocaría un interventor en caso de que el administrador de un establecimiento particular subvencionado se niegue a cumplir las demandas de un sindicato en negociación colectiva.
La Región06/01/2022
Equipo AraucaniaDiario
La moción establece nuevas restricciones y regulaciones a las fundaciones sin fines de lucro, nombrando un administrador provisional en el caso de conflictos con los trabajadores del establecimiento que puedan decantar en una huelga que imposibilite la continuidad del servicio.
Asimismo, la medida busca evitar prácticas antisindicales y otorgar mayores atribuciones a los Consejos Escolares en los proyectos educativos, estos con carácter resolutivo, sumado a la modificación de varios aspectos legales en educación.
"... las negociaciones colectivas no pueden exceder los dos meses y si no existe acuerdo, el Estado debe disponer de un administrador provisional”, subrayó Cristina Girardi, autora del proyecto.
A su vez, Girardi explicó que dentro de los cambios también se establece “reducir las prácticas antisindicales, en dos años máximos para sancionar y que los Consejos Escolares puedan tener poder de decisión en relación a proyectos educativos que se presenten”.
Camilo Henríquez
El proyecto se da luego del caso del Liceo Camilo de Henríquez de Temuco, donde el año pasado parte del cuerpo docente se mantuvo en una huelga que se extendió durante meses, debido a que no había acuerdo entre el administrador y el sindicato, sobre las demandas de este último.
Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Educación, Rodrigo González sostuvo que “es fundamental fortalecer el control de los recursos públicos en los recintos educacionales, especialmente en los particulares subvencionados".
"... también legislar en los vacíos normativos y debilidades para evitar los abusos y el incremento del agobio laboral al interior de las comunidades escolares que afectan a profesores y a los distintos actores educacionales”, indicó.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Carolina Marzán (PPD), Marisela Santibáñez (PC) y Gonzalo Winter (CS), entre otros.
Pese a que Saffirio dice que es "mentira" que está siendo investigado por los sueldos pagados a su pareja con recursos del Congreso, varios ya han ido a declarar.
Tuvieron que buscar justicia afuera, luego ser condenados por integrar el Consejo de Todas Las Tierras y crear la bandera mapuche.
Los hechos ocurrieron en las cercanías del kilómetro 12 de la ruta S-55, donde en estos momentos trabaja la PDI.
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