Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Carolina Araya, directora carrera de Derecho, Universidad de Las Américas, Sede Concepción.
Alejandra Parra, RADA.
Opinión16/02/2022Antonella Saffirio RodríguezEl 3 de enero de 2022, la SEREMI de Salud de La Araucanía Gloria Rodriguez se pronunció “conforme” sobre la tercera adenda de la empresa WTE Araucanía que pretende instalar un incinerador de basura en Lautaro. En el pronunciamiento además califica la actividad como una “industria molesta”, acercando la posibilidad de una aprobación del proyecto ya que las industrias molestas están permitidas en la zona cuyo uso está definido por el plan regulador de Lautaro.
Desde la Red de Acción por los Derechos Ambientales consideramos que este proyecto debió calificarse como una industria “peligrosa” o al menos como “Insalubre o contaminante”.
Una industria peligrosa está definida como aquella que: por el alto riesgo potencial permanente y por la índole eminentemente peligrosa, explosiva o nociva de sus procesos, materias primas, productos intermedios o finales o acopio de los mismos, pueden llegar a causar daño de carácter catastrófico para la salud o la propiedad, en un radio que excede los límites del propio predio.
Las industrias insalubres o contaminantes a su vez están definidas como las que: por destinación o por las operaciones o procesos que en ellas se practican o por los elementos que se acopian, dan lugar a consecuencias tales como vertimientos, desprendimientos, emanaciones, trepidaciones, ruidos, que puedan llegar a alterar el equilibrio del medio ambiente por el uso desmedido de la naturaleza o por la incorporación a la biosfera de sustancias extrañas que perjudican directa o indirectamente la salud humana y que ocasionen daños a los recursos agrícolas, forestales, pecuarios, piscícolas, u otros.
El proyecto WTE Araucanía, que pretende quemar 186.000 toneladas de basura al año, impone un riesgo catastrófico al territorio donde se intenta instalar por el riesgo de incendios y explosiones, sucesos que ocurren no con poca frecuencia y en los países donde existe mayor experiencia en la operación de este tipo de instalaciones. En Alemania por ejemplo, en julio del 2021 la explosión de un incinerador de basura dejó dos muertos, 5 desaparecidos y 31 personas heridas en Leverkusen. Además la emisión de contaminantes tóxicos y persistentes en el ambiente es inherente a la incineración de basura, contaminantes que producen una gran gama de enfermedades, incluyendo distintos tipos de cáncer. Las dioxinas, los furanos y los metales pesados, aunque sean emitidos en pequeñas cantidades, se van acumulando en el ambiente y bioacumulando en el cuerpo de los seres vivos. Una vez que se bioacumula, se biomagnifica, es decir que aumenta sus concentraciones cada vez que pasa de un ser vivo a otro que se alimenta del primero. De esta manera no solo se contamina el aire sino que también el suelo, el agua, los vegetales, los peces, los animales, y todos los alimentos que se produzcan bajo la influencia de la contaminación del incinerador.
El control de estas emisiones produce un residuo peligroso que debe ser almacenado, cargado en camiones, transportado y dispuesto en un relleno sanitario de seguridad, proceso que también implica riesgos de vertidos de estos contaminantes contenidos en la ceniza volante del proceso. Accidentes en el transporte de las cenizas de incineración de basura también son un riesgo que existe y se incrementa por la gran cantidad de cenizas que se producen y la necesidad de transportarlas. En la carga de las cenizas para su transporte también se genera dispersión de contaminantes, como se observa en la imagen de la carga de cenizas de un incinerador en Harlingen, Países Bajos 2011 (fuente: Toxico Watch).
La calificación del proyecto como simple “industria molesta” sin embargo no elimina la prohibición establecida en el Plan Regulador de Lautaro, de instalar plantas de tratamiento de basura dentro del límite urbano de Lautaro, por lo que el proyecto debería por esta sola razón, ser rechazado. El rechazo ciudadano demostrado con más de 16.000 observaciones ciudadanas en contra del proyecto, también debe ser considerado al momento de la votación.
Lamentamos esta mala señal de la SEREMI de Salud, como un intento del gobierno saliente de aprobar a última hora un proyecto cuyos proponentes son claramente del sector del gobierno, cosa comprobada ya que han hecho aportes a campañas políticas de candidatos de derecha en La Araucanía. En específico Robert Wörner, uno de los dueños de la empresa y el representante legal de la misma, donó 1 millón de pesos a la campaña de Luis Mayol militante de RN para constituyente por el distrito 23.
Esperamos que la votación de este proyecto, cuyo plazo límite ha sido inusualmente postergado unas ocho veces, con un proceso que incluye irregularidades como la entrega de tres adendas, se realice en marzo de este año y que sea rechazado.
Carolina Araya, directora carrera de Derecho, Universidad de Las Américas, Sede Concepción.
Vicente Painel Seguel, investigador, profesor y licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile y magíster en Historia.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Felipe Martínez Reyes. administrador público y psicoeducador. Consejero regional de La Araucanía.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Lissy Cerda Muñoz, directora regional Senda Araucanía.
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