La agrupación acusó que en reunión que habían solicitado con el Delegado Presidencial, fueron recibidos finalmente por su jefe de gabinete, quien les habría indicado que “para iniciar el diálogo, el mundo agrícola debía ceder tierras”.
La Región22/04/2022
Catalina Sánchez Hidalgo
Un llamado al gobierno a esclarecer las acusaciones efectuadas por los Agricultores de Malleco en contra del jefe de gabinete del actual Delegado Presidencial, Raúl Allard, hizo la Senadora Carmen Gloria Aravena, porque a su juicio, de corroborarse las expresiones del funcionario público, el Ejecutivo debe adoptar medidas y sanciones en contra de la persona aludida por emitir expresiones impropias de su cargo.
Para la parlamentaria es tan grave el hecho de que el funcionario haya expresado que era "ex miembro de organizaciones destinadas a la recuperación de tierras, como que haya planteado a los representantes de los agricultores que el diálogo con el gobierno sólo se dará si están dispuestos a ceder tierras".
Por ello, es que aseguró que lo primero que hay que esclarecer es a qué tipo de organización pertenecía este funcionario y ver si se trataba de grupos violentistas o no, ya que dijo, "sería muy grave que el jefe de gabinete del Delegado Presidencial sea una persona que en el pasado haya ejecutado acciones de violencia para tomarse tierras”.
A ello, sumó que no puede ser que un “subalterno del representante del Presidente en la región condicione las posibilidades de diálogo a la entrega de tierras por parte de los agricultores, pues la senadora aseguró que es del todo improcedente e impresentable”. Por esto, es que expresó que de confirmarse estos dichos, ese funcionario debe ser desvinculado inmediatamente”.
Incluso, la senadora advirtió que en este caso se podría configurar infracciones a la ley del lobby, además de que se vulneran derechos constitucionales, ya que "la autoridad no puede supeditar el respeto a un derecho, a que las personas “cedan” parte del mismo", donde se podría interponer un recurso de protección, considerando que hay omisión por parte del Estado en la cautela de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
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