Catalina Sánchez Hidalgo
Y es que como ya es habitual, frente a la detención de personas por diversos delitos, es que la Multigremial sacó un comunicado relacionado a hechos que dicen ser "sospechosos" al estar, ligados a las situaciones de violencia que hoy se viven en la Macrozona Sur.
Eso, sumado a la detención del líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, quien tras ser formalizado, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, la que hoy cumple en el Centro Penitenciario de Concepción. Sin embargo, su defensa insiste en su traslado a Temuco.
Y es que desde los gremios aseguraron que por primera vez, tras muchos años de soledad e impunidad, "ven una luz en el horizonte", por lo cual entregaron pleno respaldo al actuar del Ministerio Publico y las policías, que dicen, "han tomado la firme de decisión de perseguir y enjuiciar a quienes que han provocado mucho daño en el Sur de Chile".
"Nos parece un importante avance en la desarticulación de los grupos violentos y redes delictuales, y esperamos se siga por el mismo camino", sostuvieron.
Sin embargo, también hicieron un llamado al Gobierno y al presidente Gabriel Boric, pues en principio, acusaron "que ha tenido actitudes vacilantes y ambiguas en esta materia", a sumarse al esfuerzo de tener justicia, paz y seguridad en el Sur de Chile. Agregaron que "es hora de que todas las autoridades políticas entiendan que llegó el minuto de desarticular el terrorismo y recuperar el control territorial por parte del Estado".
Frente a ello, es que solicitaron incluso, una agenda de seguridad para la prevención de delitos graves, que considere el reforzamiento significativo del Estado de Excepción, para permitir un efectivo control territorial por parte del Estado de Chile y una mayor contribución en los procedimientos tendientes a evitar delitos en flagrancia.
Lo anterior, sumado a la urgencia Legislativa para aprobar en el más corto plazo leyes importantes como la de "usurpaciones violentas, antiterrorista y reforma a la ley de inteligencia", además, de recuperar los territorios que han sido usurpados, según dijeron, en forma violenta, quitándole su hogar a cientos de familias.
"...los recientes casos muestran la importancia de hacer este trámite jurídico, distinto al criterio aplicado por el gobierno de turno, que señala que no tienen efecto", agregaron.
Al mismo tiempo y en representación de las víctimas, pidieron además, terminar con lo que dijeron, es la "política de privilegios y beneficios penitenciarios para los comuneros que han sido detenidos por crímenes realmente violentos", enfatizando en que no son presos políticos.
