Universidad de Talca capacitó en hidrología a funcionarios públicos de La Araucanía
La iniciativa permitió reflexionar sobre la situación crítica de recursos hídricos y cómo optimizar el acceso y la gestión sostenible del agua.
Según la ONG, los derechos del ex funcionario judicial de Traiguén se estarían viendo afectados, puesto que se encuentra sometido a un régimen en donde no cuenta con acceso a luz solar, con una alimentación deficiente, ni servicios higiénicos adecuados y está sin contacto con sus familiares. Pide además que se cumpla con una resolución judicial de hace dos años, que determinó su traslado a Temuco.
La Región 29/03/2023 Equipo AraucaniaDiario"Me dirijo a usted en nombre de Amnistía Internacional, un movimiento global de más de 10 millones de personas que realiza labores de investigación, campañas e incidencia para la promoción y defensa de los derechos humanos en más de 160 países, independiente de cualquier gobierno, ideología política, interés económico y religión", comienza la carta a través de la cual la ONG internacional intercedió por las condiciones en las cuales se encuentra cumpliendo su condena Juan Pablo Pirce, ex funcionario judicial condenado por poseer armas, las cuales fueron encontradas en su domicilio en la ciudad de Traiguén.
"Le escribo para expresar nuestra preocupación por la situación que nos ha comunicado la abogada señora Karina Riquelme, respecto al señor Juan Pablo Pirce Valenzuela, cédula de identidad N°15.228.895-6, quien actualmente está cumpliendo condena en el Centro de Detención Penitenciaria de Valdivia, y en donde sus derechos se estarían viendo afectados, puesto que se encuentra sometido a un régimen en donde no cuenta con acceso a luz solar, con una alimentación deficiente, ni servicios higiénicos adecuados y está sin contacto con sus familiares. Esta situación se ha mantenido en estos dos años, pues en el año 2021, ingresó Juan Pablo al recinto penitenciario con la medida cautelar de prisión preventiva", sigue la misiva.
"Juan Pablo fue condenado por el Juzgado de Garantía de Traiguén el 15 de noviembre del 2022 en Procedimiento Abreviado, y en la sentencia se resolvió ordenar su traslado a la cárcel de Temuco, al módulo de comuneros mapuche. Sin embargo, según sostiene su abogada hasta la fecha Gendarmería no ha concretado su traslado y, por tanto, no se ha podido ejecutar la resolución pronunciada por el Juzgado de Garantía de Traiguén", agregan.
"En atención a la grave situación en la que se encuentra Juan Pablo, con fecha 14 de febrero, en audiencia de cautela de garantías, en donde también se hizo parte el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se exhibieron las fotografías que daban cuenta de las condiciones en las que se encontraba, pero el tribunal resolvió no dar lugar al traslado y tampoco ordenó alguna medida para cautelar sus derechos", argumenta Amnistía Internacional.
"En este marco, nos parece fundamental señalar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha abordado con especial dedicación la situación de las personas privadas de libertad, por cuanto se ha estimado que en las cárceles o centros de detención aumenta el riesgo de condiciones inadecuadas de habitabilidad, además de malos tratos e incluso tortura hacia los internos. Las personas privadas de libertad se encuentran en un estado de indefensión que el propio Estado debe resguardar, es por ello, que el Estado asume un rol de garante frente a quién está privado de libertad, y desde esa óptica tiene responsabilidad frente a las vulneraciones de que puedan ser objeto los reclusos", manifiestan.
Por lo mismo, Amnistía Internacional explica que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), establecen en su Regla 1 que: “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos”. Asimismo, que los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, en su principio 5 establece que, con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de los demás derechos estipulados en instrumentos de las Naciones Unidas.
"Conforme a los antecedentes expuestos y considerando la gravedad de la situación en la que se encuentra Juan Pablo Pirce Valenzuela, cédula de identidad N°15.228.895-6, solicitamos que puedan abordar prontamente las cuestiones planteadas en esta carta. Les agradeceremos contactarnos a esta misma dirección electrónica, [email protected] o directamente con su abogada la Sra. Karina Riquelme, al correo electrónico [email protected]", finaliza la ONG.
Cabe señalar que hace casi dos años, en causa rol 276-2021, el Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén dispuso el lugar en que el sentenciado Juan Pablo Pirce Valenzuela debía cumplir su condena, esto es, en el módulo de Comuneros Mapuches de la ciudad de Temuco; tal y como recordó la Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena, en el recurso de Amparo que le negó el traslado recientemente y donde la citada ministra fue del parecer de acogerlo.
"... sin perjuicio de no compartir la decisión del Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén, en cuanto dispuso el lugar en que el sentenciado Pirce Valenzuela debía cumplir su condena (facultades exclusivas de Gendarmería dispuestas en su Ley Orgánica Constitucional), dicha sentencia dictada en el rol 276-2021 se encuentra actualmente ejecutoriada, y en consecuencia, en cumplimiento de dicha sentencia Gendarmería debe disponer el traslado del condenado al Centro de Cumplimiento Penitenciario de esta ciudad, módulo de Comuneros Mapuches tal como lo solicitan los recurrentes", señala el voto de la ministra Gutiérrez.
AraucaniaDiario tuvo acceso en exclusiva a la carta que envió Amnistía Internacional al ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero Vega; con copia al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Cordero; a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter Umazabal; a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras Largo; y al presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Sebastián Cabezas Chamorro.
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