La casa de estudios desmintió a Carabineros y al delegado presidencial, quienes le bajaron el perfil al grave y vergonzoso hecho ocurrido el jueves 20 de abril, cuando una alumna de derecho de 18 años fue detenida y esposada dentro del Campus San Francisco, sin que las policías tuviesen autorización para ingresar a este recinto privado. Además, la orden de detención respondía a "un error" del juzgado de Garantía de Victoria.
La Región29/04/2023
Equipo AraucaniaDiario
La hija del vocero de la comunidad Autónoma de Temucuicui Jaime Huenchullán, de iniciales W. H., ha sufrido los embates del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche desde pequeña. Ya a temprana edad los gases de las bombas lacrimógenas arrojadas en las inmediaciones de su lugar de estudio, la escuela básica de Temucuicui, le dejaron más de alguna sensación. Asimismo, los constantes allanamientos a su casa y a su comunidad, independientemente de los motivos y la legalidad del actuar policial.
Sin embargo, el 8 de enero de 2010, dejaría en W. H. una huella imborrable. Cerca del mediodía de ese jueves, sería retenida por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en dependencias de la oficina de extranjería, ubicada en el centro de Angol, al detener a su papá, con quien ella caminaba. El motivo de la detención habría sido una orden emanada de los tribunales de Angol, por supuestas amenazas al agricultor René Urban de Ercilla, de las cuales luego Jaime Huenchullán sería absuelto.
Y fue otro jueves, pero del 20 de abril de 2023, 15 años después y ya con 18 años, que W. H. volvió a ser detenida injustamente. Esta vez por un "error" del juzgado de Garantía de Victoria y el descriterio de los policías de civil que la arrestaron, eso sí, al parecer infringiendo ellos mismos la Ley, ya que según confirmó la Universidad Católica de Temuco, esto habría sucedido dentro del campus universitario y sin su autorización para ingresar.
Y a diferencia de lo que más de alguna autoridad pueda decir y pensar, el Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco sí es un recinto privado y como tal, se debía pedir autorización para ingresar. En rigor a un juez de Garantía o al menos, a su rector. Algo que no sucedió.
"Reiteramos que nuestra universidad no fue informada ni dio su autorización para el actuar de los funcionarios policiales al interior del campus, por lo que estaremos atentos a la respuesta que nos entreguen las autoridades para darla a conocer a nuestra comunidad", finaliza un segundo comunicado de la UCT, dado a conocer ayer por la universidad.
Y es que la comunicación, comienza destacando que "públicamente las autoridades regionales y policiales señalaron que el hecho habría ocurrido fuera de las dependencias de la universidad", lo que desde un principio fue catalogado como falso por la estudiante afectada y su familia, ya que según explicó W. H., habría sido detenida dentro de la universidad, precisamente en el sector de la tesorería y cuando se prestaba a pagar su pase escolar (TNE).
"Conforme a la información recabada por las autoridades de la Facultad ... y la revisión de las cámaras de seguridad dispuestas en el lugar, consideramos que existen indicios de que la detención pudo producirse al interior del campus", agregó la universidad.
Por lo mismo, la casa de estudios superiores decidió oficiar a las autoridades policiales y regionales para que aclaren la situación que afectó a la estudiante de derecho, poniendo las imágenes a disposición de la justicia "para facilitar la aclaración de los hechos".
Si bien es cierto que la mantención de la orden de detención en contra de W. H. fue un error inexcusable del juzgado de Garantía de Victoria, por lo que es lógico pensar que habrán sumarios administrativos y sanciones que aplicar, lo que no deja de llamar la atención es la forma en la que la joven universitaria fue detenida, siendo esposada por el personal policial, en base a una orden judicial por no presentarse a la formalización de una causa cuya pena máxima -de ser hallada culpable- no pasa de las 10 UTM y donde, volvemos a reiterar, ya se había presentado de forma voluntaria un año atrás.
Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.
Jorge Montes Coronado habría ocultado que mantenía procesos administrativos pendientes de resolución. Además, mantiene una relación de pareja con una funcionaria del Hospital de Angol.
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