Se han pagado más de 7.000 millones de pesos por la "Red de Gestión Penal (RGP)", sistema informático inaugurado en Temuco el 14 de septiembre de 2022 por el ex fiscal nacional Jorge Abbott y el fiscal regional Roberto Garrido, a quien sin embargo, pusieron a cargo de investigar las graves irregularidades. Los programas nunca han funcionado y los dineros ya fueron pagados, aumentos de presupuesto (irregulares) incluidos.
La Región16/05/2023
Equipo AraucaniaDiario
En una de las críticas más evidentes al sistema de justicia chileno, donde la mal entendida "autonomía" del Ministerio Público impide que sea investigado por nadie, salvo ellos mismos, el fiscal regional Roberto Garrido deberá investigar las irregularidades cometidas al interior de su institución, por su exjefe el ex fiscal nacional Jorge Abbott, el mismo que lo eligió para ser el sucesor de una de sus manos derechas, el ex fiscal regional Cristian Paredes.
Fue en mayo de 2021 que el ex fiscal nacional Jorge Abbott, eligió dar continuidad a su gestión y descartó a los otros dos miembros de la terna conformada por la Corte de Apelaciones, César Antonio Schibar Díaz y Sergio Andrés Arévalo Waddington, para el cargo de fiscal regional de La Araucanía. Y es el mismo Garrido, quien quedó a cargo de investigar lo que debía ser un avance de proporciones en la investigación penal, un sistema informático que permitiría incorporar digitalmente la información proveniente de diversos organismos y migrar desde los documentos físicos a las carpetas digitales.
Al lanzamiento oficial del sistema informático asistió la cabeza del Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abbott, pero además diversas autoridades, de Carabineros, Policía de Investigaciones, por supuesto fiscales adjuntos, el fiscal regional Roberto Garrido e incluso, la máxima autoridad en la región, el entonces delegado presidencial Raúl Allard. Hubo un cóctel, aplausos y discursos, pero todo era falso, el programa no funcionaba.
“Hoy hemos puesto en marcha un nuevo sistema de procesos en el Ministerio Público, denominado Red de Gestión Penal, que nos va a permitir optimizar el uso de nuestros recursos, tanto humanos como tecnológicos, de manera tal de poder reenfocar la investigación caso a caso, hacia una investigación basada más en el análisis criminal”, sostuvo en Temuco el entonces fiscal nacional Jorge Abbott, en la inauguración.
Y su fiscal regional no tardó en replicar y complementar lo que aseguró Abbott. "Tendremos la misma interoperación con el Poder Judicial y con otras instituciones, como el Registro Civil, el Servicio Médico Legal o Gendarmería", dijo en la ocasión el fiscal regional Roberto Garrido.
"La posibilidad de formular solicitudes en línea, en formato digital, implicará no sólo mejorar nuestras comunicaciones, sino también generar ahorros de recursos y tiempo”, agregó el fiscal regional de La Araucanía.
Asimismo, durante la ceremonia el fiscal regional recordó que fue la misma fiscalía de La Araucanía la que comenzó con la aplicación de la reforma procesal penal. “Hoy volvemos a ser pioneros de un cambio estructural con la implementación de esta nueva herramienta que es Red Gestión Penal”, concluyó Garrido.
Sin embargo, la inauguración no era cierta y según el medio de comunicación El Desconcierto, fue una inauguración "trucha". Ni más ni menos, ya que el nuevo e inédito sistema nunca ha funcionado, pese a que se han pagado más de 7.000 millones de pesos. El sistema presentado en la oportunidad, según varias fuentes consultadas por www.eldesconcierto.cl, era en verdad una suerte de “clon o copia” del módulo de flagrancia del sistema de gestión penal ya existente.
De acuerdo a la investigación realizada por El Desconcierto, Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, recuerda que el gremio se informó de una manera bastante sorpresiva. “Nos enteramos que el módulo informático de flagrancia era una especie de réplica poco desarrollada y bastante precaria desde el punto de vista informático. O sea, la Red de Gestión Penal nunca se implementó”, aseguró.
En el fondo se trató de “un simulacro” que según varios testigos recordó otros bochornos históricos como la inauguración del hospital de Curepto con enfermos falsos, las graves irregularidades en la licitación de la plataforma informática del Registro Civil y el terminó de las listas de espera en hospitales en la época de Mañalich.
El Desconcierto accedió de manera exclusiva a una minuta interna del Ministerio Público solicitada por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, donde se detallan los gastos incurridos, las empresas involucradas, los plazos estipulados y las modificaciones de contratos con aumentos de precios implementados en el desarrollo del nuevo sistema informático.
Hasta ahora, según el documento al que accedió El Desconcierto, el organismo persecutor habría comprometido -sólo en las licitaciones más importantes- más de 7 mil millones de pesos, en el caso que está siendo investigado penalmente en una causa encargada por el actual Fiscal Nacional Ángel Valencia.
El 23 de octubre de 2018, tras una licitación sobre los alcances a nivel de diseño y requerimientos de un “sistema de apoyo a la gestión de causas del Ministerio Público”, se firmó un contrato entre la Fiscalía Nacional y la empresa Soaint Gestión S.A., una consultora informática española experta en innovación tecnológica. Este fue el puntapié inicial del cuestionado proyecto que buscaba reemplazar el actual Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF).
“La promesa de la Red de Gestión Penal era precisamente integrar todos los procesos de trabajo relacionados con la persecución penal, permitiendo una retroalimentación a los fiscales y una gestión de causas con todos los sistemas interconectados”, explicó a El Desconcierto Francisco Bravo.
El acuerdo económico pactado fue para diseñar seis módulos de la Red de Gestión Penal por un valor total de 34.000 UF, un costo que en dinero de la época implicaba un desembolso de poco más de 931 millones de pesos.
El 17 de enero de 2020, a partir de la Resolución FN/MP Nº 110/2020, se suscribió la modificación del contrato donde se reconoce que “se habría estimado erróneamente los plazos comprometidos”, reduciendo la cantidad de módulos que originalmente se iban a diseñar, bajando de un total de seis a cuatro.
La medida, según detalla el documento interno al que accedió este medio, generó una pérdida económica al Ministerio Público de 10.200 UF; alrededor de 275 millones de pesos.
Paralelo a la gestión anterior, el 17 de noviembre de 2018, la empresa Pragma Informática S.A. ganó una licitación pública para “apoyar la ejecución” del proyecto adjudicado por Soaint Gestión S.A. por un monto de 41.251 UF, equivalentes a más de 1.133 millones de pesos de la época.
Tres años más tarde, el 20 de enero de 2021, se modificó el contrato que tenía una vigencia de 35 meses -hasta octubre de ese mismo año-, “aumentando su valor en un 26,48%”. Se trataba de un incremento de 10.925 UF que, traducido al valor de la época, implicó un desembolso adicional de $317.830.100.
Posteriormente, en octubre de 2021, se modificó nuevamente el contrato con la empresa aumentando su vigencia en quince meses -desde 6 de octubre de 2021 hasta el 5 de enero de 2023-, incrementando su precio en un “63,44% del valor original”. La cifra correspondía a otras 26.172 UF, cuyo valor total fue de $788.091.264.
En septiembre de 2022, otra vez el contrato sufrió modificaciones, aumentando su vigencia en 12 meses, a partir del 6 de enero de 2023, incrementando su valor en un 50,98%, o sea, en 21.029 UF, cifra equivalente a $711.852.679.
La fundamentación de la modificación contractual, según se explica en el documento, fue debido a que “era necesario continuar contando con el servicio de un equipo de profesionales externos que complemente las capacidades de los profesionales del Ministerio Público asignados al Proyecto Red Gestión Penal”.
Para Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, no sólo existirían deficiencias en la fiscalización interna, sino que “según la ley de compras públicas las modificaciones de contrato no pueden superar el 30% del monto originalmente pactado. Si ocurre que se modificó un contrato y el alza fue de un 60%, estamos entonces frente a conductas contrarias a la probidad”.
Cabe consignar que de acuerdo a información recopilada por este medio, el jefe de informática de la Fiscalía Nacional, Óscar Zapata, fue desvinculado de su cargo a principios de marzo de este año, una vez que prestó declaración en el sumario y luego que venciera el plazo de una de las empresas para la entrega del último módulo del proyecto.
Tras otra licitación pública, denominada “Construcción y servicios asociados del sistema de administración de causas”, el Ministerio Público firmó un nuevo contrato el 6 de octubre de 2021. Esta vez la empresa favorecida fue The Pegasus Group Company S.A., experta en transformaciones digitales.
La minuta explica que el contrato buscaba proveer de “los servicios que permitan la construcción e implementación del nuevo Sistema de Administración de Causas del Ministerio Público, específicamente sus módulos 1, 2 y 3, en el plazo que correspondan a cada servicio licitado”.
El desglose de la licitación contempla varios montos de acuerdo a las prestaciones comprometidas, entre ellas, la suscripción de licencias de software (US$ 2.159.542), construcción de sistemas (45.000 UF), capacitación, migración de datos y puesta en marcha (5.000 UF), soporte de plataforma (7.140 UF) y mantención de sistemas (3.840 UF). Todos los servicios encargados suman un total de 3.585 millones de pesos.
Al igual que la licitación de Pragma Informática S.A., el contrato con Pegasus fue modificado el 12 de enero de 2023, postergando en ocho meses la entrega de los denominados “hitos pendientes” y fijando como plazo máximo el 28 de febrero de 2023.
El documento al que accedió El Desconcierto da cuenta que en cuanto asumió el nuevo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se ordenó un informe a la División de Contraloría Interna de la institución, la que detectó una “serie de inconsistencias en el desarrollo del Proyecto RGP que deben ser revisadas en detalle”.
El Desconcierto se comunicó con el Ministerio Público para obtener su visión de los hechos respecto a las investigaciones que actualmente se encuentran en curso -una arista administrativa y otra penal-, contrastando que ambas intentan dilucidar «las razones exactas tras las modificaciones de los contratos”.
Todo lo anterior lo deberá ser indagado por el actual fiscal regional Roberto Garrido, elegido para su cargo por quien él ahora deberá investigar, su exjefe, el ex fiscal nacional Jorge Abbott.
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