
Juntas de Vigilancia Rural se reúnen con General Director de Carabineros y Ministro de Seguridad
Los dirigentes solicitaron reforzar el trabajo en conjunto para disminuir los altos índices de inseguridad en los sectores rurales de La Araucanía.
En la Comisión de Constitución, instancia que aprobó la iniciativa y la despachó a la sala, el senador Huenchumilla criticó la moción por sentar “un mal precedente institucional”, al contravenir un fallo judicial mediante la creación de normas constitucionales transitorias. La reforma permitiría que las Isapres devuelvan excedentes a través de otras prestaciones, y no en dinero, como les fue ordenado judicialmente. El senador piensa que ello creará conflictos entre poderes del estado: “Ni el presidente ni el Congreso pueden (…) abocarse a causas (judiciales) pendientes. Y esta es una causa pendiente” recalcó el senador, quien agregó: “Estamos aquí revisando los fundamentos y el contenido de un fallo (…) ¿cómo quedaría la institucionalidad en Chile, si nosotros avanzamos en esto?” cuestionó.
En la Comisión de Constitución del Senado, el vicepresidente de la Cámara Alta y senador Francisco Huenchumilla votó en contra de un proyecto de Reforma Constitucional, presentado por parlamentarios de derecha y Demócratas, que a su juicio busca “evadir” un fallo de la Corte Suprema; fallo según el cual las Isapres deben devolver a sus afiliados los excedentes en dinero –no en otras prestaciones–.
El legislador enfatizó que esta iniciativa sentará un “mal precedente institucional” y un conflicto entre poderes del estado, dado que se busca “saltar” un fallo de la Corte Suprema mediante una reforma constitucional que introduce artículos transitorios, para “facilitar” la devolución de excedentes mediante otros mecanismos distintos a lo ordenado por la Suprema.
El parlamentario criticó el proyecto porque a su juicio “es un atajo que se le hace a las disposiciones de la Constitución respecto del tema de fondo. Es un resquicio (…) los mocionantes saben que carecen de facultades para tener iniciativa, como parlamentarios, en las materias sustantivas a las cuales se refiere el fallo de la Corte Suprema respecto del tema de seguridad social y de la salud. O sea, haciendo el mismo camino que se hizo en la Cámara con ocasión de los retiros”, apuntó.
Cuestionamiento “institucional”
El senador continuó con su tesis: “yo lo que pregunto es si esta comisión de Constitución, y el Senado, están disponibles para ratificar que ese es el camino en que se pueden presentar reformas constitucionales para evadir, concretamente, la falta de atribuciones que nosotros tenemos en materia de reformas o iniciativas de ley en determinadas materias” (como es la salud).
“¿Estamos disponibles para eso? (…) entonces el día de mañana alguien puede presentar una reforma constitucional suprimiendo el Senado. O suprimiendo el artículo 65 sobre las iniciativas de ley, o subiendo los impuestos”, cuestionó el legislador.
El parlamentario recalcó, en este sentido, que “en el horizonte viene pronto un sexto retiro. ¿Y entonces nosotros vamos a legitimar eso? Porque si le damos luz verde a esto, en la Cámara van a decir, bueno, los senadores también están con nosotros. Echémosle para adelante con el sexto retiro”, vaticinó.
El vicepresidente explicó legalmente la situación: “El artículo 76 dice, exactamente, que ni el presidente ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, que no es el caso, pero también dice abocarse a causas pendientes. Esta es una causa pendiente (…) entiendo que se hizo una presentación pidiendo más plazo, y la Corte Suprema entiendo que concedió el mayor plazo”.
“Pero además dice, revisar los fundamentos, o contenidos de sus resoluciones. O sea nosotros estamos aquí, revisando los fundamentos y el contenido de ese fallo. Eso es lo que estamos haciendo (…) ¿cómo quedaría la institucionalidad en Chile, si nosotros avanzamos en esto? (…) ¿y entonces las isapres van a recurrir a instancias internacionales? ¿Van a esperar?”.
Finalmente, el senador se mostró consciente que, a pesar que “tenemos que cumplir” el fallo de la Suprema, “ese fallo pueda tener cosas duras en la industria, y en el efecto que puede tener en los afiliados, en el sistema, en los estados financieros (…) pero si las partes tienen una buena disposición al respecto, lo que tienen que hacer es sentarse a conversar”, dijo, apuntando al gobierno, las aseguradoras y los mocionantes del proyecto.
De lo contrario, el legislador recalcó que “estaremos sentando un precedente que va a significar simplemente mayor incertidumbre para las isapres (…) esto perfectamente se puede resolver en la comisión de Salud, y no forzar a esta Comisión a aceptar un procedimiento que a mi juicio es un atajo”.
Finalmente, y al justificar su voto en contra del proyecto, Huenchumilla reiteró que “este proyecto de Reforma Constitucional cambia el contenido de la sentencia” de la Corte Suprema.
Los dirigentes solicitaron reforzar el trabajo en conjunto para disminuir los altos índices de inseguridad en los sectores rurales de La Araucanía.
Se trata de un “huevo de juguete para cochecito brunch & go”, comercializado en Chile durante los años 2022 a 2025.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
Federico Astete Catrileo es responsabilizado del ataque al Molino Grollmus, en Contulmo, el 29 de agosto de 2022, que dejó heridos graves y el edificio totalmente destruido.
Hoy jueves se realizará la audiencia clave sobre el proyecto WTE Araucanía en el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia donde se decidirá si el proyecto continúa rechazado o se le abre una puerta para una nueva evaluación.
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
En la ocasión, Cristian Mallol Comandari, recibió tan sólo una amonestación y pudo continuar haciendo clases. Dos estudiantes habrían quedado con estrés post traumático.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.