El legislador tomó distancia de su correligionario, quien se declaró a favor de la propuesta constitucional.
El parlamentario reafirmó su punto político sobre el escenario de “incertidumbres” e “incertezas jurídicas” que abriría, a su juicio, la aprobación de la propuesta: de los 38 proyectos de ley que ésta mandata, los plazos para el ingreso de las iniciativas legales oscilan entre 6 meses, 5 años y algunos plazos indeterminados, sin considerar tiempos de tramitación.
La nueva ley asegurará que los pacientes de enfermedades inflamatorias intestinales serán priorizados en la atención, respecto del público en general, y en las mismas condiciones que una persona discapacitada –tanto en comercios como en reparticiones públicas–. Además, podrán acceder a los servicios sanitarios, sin restricción alguna, para lo cual portarán una documentación que acredite su condición médica.
El parlamentario descartó de plano que la iniciativa sea “un retroceso” respecto de la recientemente aprobada Ley Naín-Retamal, y envió un mensaje a la derecha: “El Congreso es el espacio para que discutamos, corrijamos, agreguemos o quitemos elementos. Lo que no es correcto es tener una predisposición negativa a los debates".
El vicepresidente del Senado recordó que “el propio general director de Carabineros” reconoció sentirse respaldado por el Ejecutivo y haber recibido mayores recursos en la actual administración.
Para el vicepresidente del Senado le corresponde al Ejecutivo hacer todos los esfuerzos -mediante los mecanismos legales y políticos- para buscar acuerdos en los grandes temas que tiene el país, como son la seguridad, tener certidumbre en un pacto fiscal, resolver el tema de las pensiones y otros más.
El senador de La Araucanía asumió como vicepresidente de la Cámara Alta por 2023. El parlamentario señaló además que la nueva testera buscará “facilitar los procesos políticos que Chile necesita”.
Este producto sirve para mitigar el polvo en suspensión que genera el alto tránsito vehicular, siendo muy valorado por vecinos y turistas.
La ministra del Interior Carolina Tohá se refirió a los hechos ocurridos el miércoles en el sector Toquihue, donde una funcionaria resultó herida con perdigones.
Pese al compromiso adoptado de mantener el prestigioso centro de formación técnica, la Superintendencia de Educación confirmó el cierre del establecimiento.
Las isapres y Fonasa quedarán exentas de pagar el 8,5% de la remuneración del trabajador que tome licencia médica y se obligará al empleador.
Vecinos interpusieron un recurso de protección debido al daño ocasionado al medio ambiente, flora y fauna del lugar.
