La parlamentaria -quien también fue demandada por Injurias en contra del gobernador regional de La Araucanía- dijo que la bancada de la UDI difamó al ex ministro.
03/04/2024
Equipo AraucaniaDiario
"La bancada de la UDI presentó una carta que difama al ex ministro Giorgio Jackson", comenzó diciendo la diputada de Revolución Democrática Ericka Ñanco, desde el Congreso, para dar su apoyo a la acción legal por injurias que presentó el ex ministro de Boric, en contra de 25 diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), por una carta en la cual le cuestionan su eventual involucramiento en el caso del robo de la caja fuerte, de las dependencias del ministerio de Desarrollo Social.
"Este tipo de acciones por supuesto que tienen que ser sancionadas de alguna manera", señaló la diputada por Cautín, haciendo alusión a que los diputados de la UDI debían pasar además por la comisión de ética del Congreso para ser sancionados.
"El ex ministro Giorgio Jackson se vio injuriado en su honra ante todo el país. Bien sabemos que los casos más grandes de corrupción en Chile han sido, principalmente, impulsados por personas pertenecientes al partido de la UDI y de la derecha en general", acusó Ericka Ñanco.
Sin embargo, donde la parlamentaria de izquierda no tuvo el mismo criterio, fue ante la querella por injurias interpuesta en su contra por el gobernador regional Luciano Rivas, luego de que ella dijera: "Quiero poner en perspectiva: 426 millones de pesos, comparados con 17 mil millones de pesos, que son los que se robó el gobernador de La Araucanía".
"Hablamos mucho de Democracia Viva, sí, pero les gustaría quizá mejor hablar de "Democracia Rivas", porque eso es lo que ellos avalan (demás diputados de la comisión)", puntualizó la diputada Ñanco en la oportunidad.
Lo anterior -aunque principalmente el primer párrafo- al decir que el gobernador de La Araucanía se habría "robado" 17 mil millones de pesos, tendrán a la Corte de Valparaíso decidiendo si la parlamentaria es desaforada y luego, juzgada por sus graves acusaciones, sin que el gobernador haya sido siquiera formalizado por alguno de los casos que se investiga.
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