El joven miembro de la CAM fue abatido por Carabineros en 2021 y su familia cuestiona el informe del Servicio Médico Legal, lo que fue rebatido además por dos médicos legistas.
La Región10/05/2024
Equipo AraucaniaDiario
Un vuelco podría dar el homicidio del comunero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Pablo Marchant, luego de que el juzgado de Garantía de Carahue autorizara una nueva autopsia al cuerpo de Pablo "Toño" Marchant, comunero de la organización abatido en un enfrentamiento con Carabineros, en julio de 2021.
La solicitud fue motivada por Patricia Cuevas, en representación de la familia de Pablo Marchant, en virtud a las múltiples contradicciones que existen entre lo referido por el Servicio Médico Legal en la primera autopsia y lo afirmado por otros dos médicos forenses con amplia experiencia en la materia: Los puntos clave están constituidos por la distancia del disparo efectuado al cráneo (y por la espalda) a la víctima, así como el origen de las otras lesiones de perdigones que presenta el lado derecho del cuerpo de Marchant, las cuales, según pericia del médico Ravanal Zepeda, necesariamente son producto de un disparo distinto al que le da la muerte a la víctima.
De hecho, habrían sido provocadas por un disparo efectuado de frente a la víctima, lo que hace suponer que Pablo estaba herido, junto con ello, imposibilitado de utilizar la supuesta arma que cargaba el día de los hechos, y, finalmente fue ejecutado con el disparo en la nuca, que le provoca estallido craneal.
Todo lo anterior se sumaría a otras falencias de la investigación, como por ejemplo, que se lavó lo que quedó de cráneo, antes de efectuar las pericias correspondientes y se omitieron pruebas periciales indispensables en las vestimentas de la víctima, ello sumado a que quienes resguardaron el sitio del suceso fueron los mismos funcionarios imputados y múltiples otras circunstancias que hacen indispensable el desarrollo de esta segunda autopsia.
Sin embargo, previo a la pericia el tribunal también solicitó un informe de factibilidad de esta diligencia a la Policía de Investigaciones (PDI), que debe ser evacuado en 30 días. Esto, para determinar si existen garantías de seguridad para el personal del Servicio Médico Legal y la Fiscalía, debido al lugar en el cual su cuerpo fue enterrado.
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