El Mandatario fue denunciado por una mujer de Magallanes, quien lo acusa de haber distribuido fotos íntimas que le habría enviado por correo electrónico.
26/11/2024
Equipo AraucaniaDiario
El ex fiscal Anticorrupción de La Araucanía y hoy fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristián Crisosto, confirmó anoche la existencia de una causa penal en contra del Presidente de la República Gabriel Boric, de acuerdo denuncia por acoso sexual y difusión de imágenes privadas, en su contra.
Lo anterior se supo ayer, luego de que el propio abogado del Mandatario lo confirmara a través de un comunicado, al que hizo alusión el fiscal Crisosto. “En torno al comunicado publicado por el abogado Jonatan Valenzuela Saldías, la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena puede decir que efectivamente existe una causa penal relativa a los hechos que se indican“, dijo el exfiscal Anticorrupción de La Araucanía.
“Esta causa penal se encuentra en carácter de desformalizada con diversas diligencias pendientes“, agregó Crisosto.
En relación a la causa en sí, Crisosto dijo que tiene carácter de reservada. “Estamos trabajando con un equipo especializado en la misma y, por cierto, la causa es de carácter reservado“, puntualizó.
Fue el abogado del Presidente Boric quien informó ayer más temprano, la denuncia realizada en cintra del Mandatario por una mujer de Magallanes, la que fue ingresada en septiembre de este año. “El presidente de la República rechaza y desmiente categóricamente la denuncia, así quedará demostrado en la instancia que correspondiente”, dijo Jonatan Valenzuela, a la vez que relató lo sucedido.
“Entre julio de 2013 y julio de 2014, mi representado Gabriel Boric Font fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad que conoció a mi representado en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas. Se le enviaron 25 correos desde distintas direcciones de emails por parte de la misma persona, incluyendo en uno de ellos el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito”, agregó el abogado.
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
En la ocasión, Cristian Mallol Comandari, recibió tan sólo una amonestación y pudo continuar haciendo clases. Dos estudiantes habrían quedado con estrés post traumático.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.
