Equipo AraucaniaDiario
Cuando se contrata personal o se realiza una adquisición, en el Estado y las instituciones públicas se debe confirmar primero que los recursos para pagar, están disponibles. Así, a cada acto administrativo de estas características se debe adjuntar un "certificado de disponibilidad presupuestaria".
Por ejemplo, cuando se compró la camioneta de alta gama marca Chevrolet Tahoe Z71 para el rector, antes de licitarla se debió emitir un certificado de disponibilidad presupuestaria, confirmando que existían recursos para comprarla. De la misma manera, antes de firmar la escritura de compraventa por el hotel de Mehuín, en $580 millones, también se requirió este certificado.
Pero la universidad estaba en déficit. Entonces, ¿cómo lo hacían? Eso es precisamente lo que está investigando hoy la fiscalía regional y donde el delito cometido podría ser falsificación de instrumento público, ya que se presentaron estos documentos y permitían efectivamente seguir adelante con licitaciones y contratos, pese a no haber recursos.
"... Falsificación y uso malicioso de instrumento privado o público, asociado particularmente al hecho de haber eventuales falsificaciones respecto de certificados de disponibilidad presupuestaria", especificó el fiscal Carlos Cornejo al canal Chilevisión, respecto a lo que se investiga en el caso UFRO.
"Finalmente, se describe un capítulo respecto de un eventual ilícito de administración desleal de fondos públicos de la universidad", dijo Cornejo y detalló además por qué se les investiga por delitos de corrupción; señalando que es debido al uso de recursos públicos en una finalidad diversa de aquellas a las que están destinados naturalmente.
Respecto de los plazos de investigación, posibles formalizaciones o en contra de quienes van dirigidas las indagatorias, nada dijo el fiscal Cornejo.
