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Se busca determinar quien elaboró los videos y quién pagó por ellos, para luego perseguir responsabilidades penales y civiles, dijo el abogado Jaime Madariaga.
La Región10/03/2025Este viernes 7 de marzo, el Juzgado de garantía de Temuco emitió un documento que declara admisible la querella contra todos quiénes resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores, interpuesta por la activista ambiental Alejandra Parra, co-fundadora de la Red de acción por los derechos ambientales RADA, tras ser víctima del delito de amenazas y una campaña de desprestigio en su contra, relacionado a su rechazo al proyecto WTE Araucanía que busca instalar un incinerador de basura en la zona norte de la ciudad de Lautaro, en La Araucanía.
Parra, quién también es bióloga en gestión de recursos naturales y máster en planificación de la Universidad de Otago, ha recibido apoyo nacional e internacional luego de que fuera difundido, a través de redes sociales, un video difamatorio que busca vincularla con actos de violencia en La Araucanía. El video forma parte de una clara estrategia de amedrentamiento contra RADA y la activista quienes han cumplido un rol fundamental en la entrega de información técnica y de experiencias internacionales sobre las consecuencias negativas que trae la incineración de basura para la salud de las personas y del ambiente.
Jaime Madariaga, abogado querellante en la causa, destacó el masivo respaldo que ha tenido la activista.“Una de las cosas que tiene de especial este proceso es que somos ocho abogadas y abogados representando a Alejandra. Eso hay que destacarlo, sabemos de la seriedad de su trabajo y, nos preocupamos primero y ocupamos después, para que no se sintiera cooptada por las amenazas de que fue víctima. Su trabajo no puede ni debe parar. Creo que el resultado de los actos de quienes intentaron callarla ha tenido como efecto mostrar cómo actúan algunos desde el anonimato y que Alejandra tiene un gran apoyo, especialmente frente a los actos de amedrentamiento en su contra”, señaló.
Ahora es el Ministerio Público quién deberá investigar la procedencia del material difamatorio. “Nuestro objetivo es saber quién los hizo, quién los mandó a hacer y quién pagó por ellos, para luego perseguir las responsabilidades penales y civiles”. finalizó Madariaga.
Recordemos que el proyecto WTE Araucanía, una planta incineradora de basura que busca instalarse en Lautaro generando un grave riesgos para las personas ya fue rechazado en marzo de 2022 con voto unánime de la Comisión Evaluadora Ambiental, haciendo eco de las más de 18.000 observaciones ciudadanas que se ingresaron en contra de este proyecto durante el proceso de evaluación.
Luego, en el año 2023, logró el rechazo por parte del Comité de Ministros, y frente a esto, la empresa ingresó una reclamación en el 3er Tribunal ambiental de Valdivia contra el servicio de evaluación ambiental. La única audiencia resolutiva que estaba agendada para el jueves 13 de marzo fue recientemente postergada para el 24 de abril en la capital de Los Ríos. En esa oportunidad, el tribunal podrá confirmar el rechazo o abrir nuevamente la evaluación del proyecto en el Comité de Ministros o a nivel regional.
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