Aparecen más denuncias contra funcionaria judicial acusada de prostitución

Mientras que una familiar la acusó de estafar a su tío, desde la iglesia evangélica en que participaba denunciaron que se quedó con la propiedad de un templo.

La Región08/04/2025Equipo AraucaniaDiarioEquipo AraucaniaDiario
Juzgado de Letras de Loncoche
Juzgado de Letras de Loncoche

Siguen las reacciones sobre el caso de la funcionaria del Poder Judicial de iniciales M.A.V., quien fue denunciada ante el Juzgado de Letras de Loncoche de estafar adultos mayores y de ejercer la prostitución, lo que activó una respuesta desde la Corte de Apelaciones, con un sumario administrativo que hoy se lleva adelante y la suspensión preventiva de la mujer.

Y si bien es cierto, se le acusa de actuar en conjunto con su pareja, de iniciales H.B.H., una de las denuncias que se ha repetido a través de redes sociales tiene que ver con que ella se habría apropiado de la mitad de un bien raíz, donde funcionaba una iglesia evangélica, lo que fue confirmado ayer en exclusiva a nuestro medio.

Se trata de Luis Escalona, quien estaba a cargo de esta iglesia en Loncoche."Yo estaba a cargo de una iglesia en Loncoche y quería ver cómo le puedo aportar mayores antecedentes de la mujer que fue acusada allá, de prostitución y estafa", manifestó el hombre que hoy reside en Pucón.

"De igual forma fuimos estafados por esta persona, con la mitad de una propiedad comprada por todos los hermanos de nuestra iglesia, además de otras estafas realizada por ella junto a su pareja H.B.H.", agregó el hombre, lo que se confirma con las diversas causas que tienen ambos en los juzgados civiles de esta ciudad.

Lo anterior, lo confirma la actual esposa del excónyuge de M.A.V., quien cuenta cómo la mujer se quedó con la propiedad de la iglesia. "Cuando ocurrió la separación de ella con mi esposo, había una propiedad que fue comprada para hacer iglesia, estaba a nombre de varios, entre ellos figuraba el nombre de ella. M.A.V. inició un juicio donde decía que la propiedad era de ella y se resolvió que la propiedad era de dos personas y que había que dividirla. Su madre tiene un negocio en este lugar", cuenta la mujer, quedando la iglesia sin la propiedad.

Causas por la iglesia

1.- C-49-2019. Iglesia Cristiana Nueva Era con Arévalo.  Medida prejudicial precautoria.
"La iglesia a la que ella pertenecía quería comprar un inmueble pero no tenían personalidad jurídica todavía, por lo que la propiedad se compra a nombre de dos personas de confianza de la congregación. Una vez que la iglesia obtiene su personalidad jurídica, la otra persona traspasa su porcentaje a la Iglesia, pero M.A.V. se niega a hacerlo, usando la propiedad para fines personales, obteniendo dinero de arriendos. Se archiva por abandono", informa una denunciante.

2.- C-98-2019. Iglesia Cristiana Nueva Era con Arévalo. Reivindicación.
"La misma iglesia intenta recuperar el retazo por medio de la acción reivindicatoria, pero pierden el juicio, el Tribunal de Loncoche falla a favor de M.A.V.", agrega sobre otra causa, también tramitada en el tribunal donde la mujer trabaja.

Familiares

Sin embargo, las presuntas estafas cometidas por la mujer no sólo afectan a terceras personas, sino también a sus familiares. "A mi suegro lo estafó su sobrina, que en este caso es M.A.V. En el año 2018 hizo la estafa de la compra de un terreno, en la cual hicieron una compraventa y nunca se efectuó la escritura, porque ese terreno que ella pretendía vender era de uso indígena y no era de ella tampoco el terreno", cuenta la mujer.

"Hicieron una compraventa ficticia, en la cual sale ella como propietaria, pero ella no era la propietaria. Bueno, cuento corto, hicieron la compraventa y mi suegro entregó el dinero en efectivo, sin ningún papel firmado y se produjo la estafa", denuncia la nuera del adulto mayor.

"De los 8 millones que él canceló en efectivo, se le devolvió un millón de pesos que H.B.H., lo devolvió, y de ahí a la fecha hemos esperado ya 7 años y nada, ni un peso ni nada, y ella aún así trabajando en el área judicial", dice la familiar de M.A.V.

Dentro de lo que investiga el fiscal de la Corte de Apelaciones, por instrucción del pleno del Tribunal de Alzada, está también la injerencia que podría haber tenido la funcionaria en causas tramitadas en su lugar de trabajo.

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