Equipo AraucaniaDiario
La falta de transparencia y de imparcialidad en la fiscalía regional de La Araucanía, al parecer no es algo inusual, sino más bien un hecho de la causa y de la misma forma en que antes, el ex fiscal regional Cristian Paredes no se inhabilitó para investigar el crimen -nunca resuelto- de la estudiante norteamericana Erica Hagan; siendo apoderado del Colegio Bautista y conocido de los principales sospechosos -sobreseídos tempranamente por él-, su sucesor y ex mano derecha Roberto Garrido, también se sentiría superior y por sobre las exigencias que la propia Ley establece expresamente, como causales de inhabilidad.
Y el gobernador regional de La Araucanía René Saffirio, bien lo explica en el oficio que envió al fiscal nacional Ángel Valencia, al que tuvo acceso AraucaniaDiario, para que remueva de la investigación en contra de la Universidad Autónoma de Chile, al fiscal regional Roberto Garrido, para garantizar la imparcialidad de la investigación.
Durante todos los años que ha ostentado el cargo de Fiscal Regional, ha también ejercido como profesor en la Universidad Autónoma
"Durante todos los años que ha ostentado el cargo de Fiscal Regional, ha también ejercido como profesor en la Universidad Autónoma, impartiendo cursos de pre y post grado, situación que se encuadra estrictamente en la causal descrita en el artículo 55 Nº15 de la ley 19.640, esto es, mantener una relación laboral con un interviniente", señala Saffirio al fiscal nacional.
"Así las cosas, don Roberto Garrido fue congratulado por la casa de estudios al asumir su cargo y de su declaración de intereses y patrimonio se encuentra que ejerce como profesor universitario para la Universidad Autónoma. Sumado a que su cónyuge, la magistrada Tania Zurita Riquelme, es igualmente docente en la Universidad Autónoma, lo que deja de manifiesto aún más el potencial conflicto de interés para conocer y dirigir las investigaciones vinculadas a la casa de estudios", agrega el gobernador regional.
Por lo mismo y para garantizar el principio de objetividad y evitar cualquier apariencia de conflicto de interés que pudiese afectar la validez de los actos procesales, Saffirio exigió la salida de la investigación de quien ya tacha como inhabilitado.
“Solicito se reasignen a otra Fiscalía Regional todas las causas en que se encuentren vinculados recursos fiscales entregados a la Universidad Autónoma, atendido la inhabilidad del Fiscal Regional para conocer y dirigir las investigaciones penales vinculadas a la Universidad Autónoma, pues se encuentra afecto a la causal descrita en el artículo 55 Nº15 de la ley Orgánica del Ministerio Público”, manifestó la máxima autoridad de la región.
Y pese a que Garrido dijo tempranamente hoy, que las críticas de René Saffirio a su gestión nacían desde la “ignorancia”, el gobernador regional -también abogado- supo encontrar fácilmente los artículos que inhabilitan al fiscal regional y a su vez, le permiten al fiscal nacional removerlo de la investigación.
”Solicito a usted que, en uso de la facultad excepcional del artículo 19 de la Ley 19.640 designe un Fiscal Regional de una jurisdicción distinta para dirigir las indagatorias de las causas relacionadas a las Fundaciones Vladimir Nazor y Alihuen debido a la complejidad de la trama defraudatoria, la gravedad de los hechos, los altos montos de dinero por los cuales se defraudó al Gobierno Regional, y la necesidad de dotar a la investigación de un impulso procesal que garantice la unidad de acción superando la actual fragmentación y falta de avance en diligencias críticas", sentenció Saffirio en su escrito al fiscal nacional.
"Todo ello para asegurar una investigación íntegra que permita aclarar cada actor, su rol y nexos que convergieron para defraudar al Gobierno Regional de la Araucanía, en más de $6.000.000.000, frenando el desarrollo de la Región y dejando el dinero fiscal lejos de quienes más lo requieren”, puntualizó además.
El tema, es que lo que explica y exige Saffirio, era un secreto a voces y comentario obligado entre abogados y conocedores del Derecho en la región y coincide casualmente, con la poca profundidad de la investigación realizada en la Universidad Autónoma de Chile, donde los únicos formalizados responden a un “emprendimiento delincuencial familiar” y que AraucaniaDiario ya había denunciado un año antes de que se realizara la formalización.
El asunto es que Roberto Soto, hoy en prisión preventiva, no es parte del esquema que se podría investigar, sino un caso aislado y puntual. Él aprovechó un vacío de control interno, pero lo sustancial aún no se investiga.
Por ejemplo, ¿cuántas personas prestaban servicios al mismo tiempo en uno o dos o tres proyectos del GORE, mientras trabajan en la casa de estudios? ¿Es efectivo que se pagaron gastos comunes de la universidad con el ítem del 5% de administración del GORE? Estas son preguntas que fuentes de AraucaniaDiario se hacen desde el Gobierno Regional y que hasta el momento, no se han podido investigar.
Finalmente, estará en el fiscal nacional Ángel Valencia atender la solicitud de la máxima autoridad regional de La Araucanía, en su calidad de víctima, representando al Gobierno Regional.
