Equipo AraucaniaDiario
Todos corrieron a colgarse ayer del "éxito" del operativo policial de Carabineros, que con apoyo del Ejército de Chile y una precisión quirúrgica, a las 04:30 horas ingresó a la comunidad de Temucuicui -en Ercilla- y diligenció tres de cinco órdenes de detención que tenía pendientes, sin heridos, con eficiencia y resultado positivo.
Sin embargo, poco o nada se dice de la última vez que se intentó lo mismo sin éxito, el 7 de enero de 2021, cuando Luis Morales Balcázar, subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) de 34 años, resultó muerto y otros 6 funcionarios fueron gravemente heridos, tras un fracasado operativo mal planificado y donde nadie respondió, ni siquiera administrativamente.
Nadie se hizo responsable, ni por el asesinato de Morales, ni por los funcionarios que aunque sobrevivieron, siguen con secuelas y daños irreparables. Menos aún por las pérdidas materiales, que aunque insignificantes al lado de la tragedia policial, en el servicio público significan al menos un sumario administrativo con destitución del cargo.
Es más, la mente detrás del operativo policial mal planificado, el entonces fiscal regional Cristián Paredes, pareciera haber sido premiado, permaneciendo hasta el día de hoy trabajando en el Ministerio Público, tras ser el primer responsable de la muerte de Morales Balcázar.
Por su parte ayer, el hoy fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, destacó el megaoperativo desarrollado en Temucuicui y enfatizó: “no existe ningún territorio que sea inexpugnable".
“Estamos demostrando que no existe ningún territorio que sea inexpugnable o que esté fuera del alcance del Estado de Derecho”, fue la frase larga que utilizó Garrido ayer.
Y puede ser, cuando se planifican bien los operativos, con tiempo, dedicación y sin dejar ningún actor de lado, no obstante que aún quedan preguntas por responder sobre la muerte de Luis Morales Balcázar y el daño permanente a sus compañeros ese fatídico 7 de enero de 2021, cuando el día previo de la lectura de condena por el asesinado de Camilo Catrillanca, el exfiscal Cristian Paredes decidió ingresar -no él obviamente- a Temucuicui, sin saber cómo los hombres y mujeres que envió a la muerte, podrían siquiera salir.
¿Quién fue sancionado administrativamente por el fracasado operativo? ¿Quién respondió administrativamente por la muerte de Morales? ¿Quién respondió por los daños permanentes -físicos y psicológicos- de los 6 funcionarios heridos? ¿Quién respondió por enviar prácticamente desarmados a los funcionarios a Temucuicui?
Podrá ser que no exista territorio inexpugnable, pero estas preguntas continúan sin respuesta hacia los miles de funcionarios de la PDI en Chile y sus familias.
