De acuerdo con Luis Leal, uno de los voceros de la toma, ya los habitantes del territorio se encontraban constituido como Comité ante una notaría pública, lo que significa que este requisito exigido por la municipalidad se cumplió antes del desalojo.
La Región 28/02/2020
Equipo AraucaniaDiario
Son cerca de 51 familias de la toma "Ampliación Pichicautín" los que fueron desalojados por las Fuerzas Especiales de Carabineos y reclaman al alcalde y al gobernador a que asuman su responsabilidad por la destrucción de 4 viviendas con maquinaria municipal, los 9 detenidos y 4 agredidos.
"Hay que de determinar los responsables legales que hay. Acá hay una responsabilidad de parte del municipio y de parte del gobernador (...) Las personas que se hagan responsables, tienen que salir de sus cargos", exige Fernando Orzuela, dirigente social de Temuco, en representación de los habitantes de la toma desalojada.
De acuerdo con Luis Leal, uno de los voceros de la toma, ya los habitantes del territorio se encontraban constituido como Comité ante una notaría pública, lo que significa que este requisito exigido por la municipalidad se cumplió antes del desalojo.
Leal señaló que existen muchas irregularidades en las declaraciones del alcade Miguel Becker.
"Nosotros solo hemos recibido una notificación, no 3 como el dijo, habla de un terreno que no le corresponde y la dirección es incorrecta, la ubicación no es Avenida Los Poetas, es con Avenida Imperial y eso son detalles importantes", explicó Leal.
Por otro lado, el tesorero de la ampliación demandó la indemnización por los daños y perjuicios a las viviendas destruidas debido al uso desmedido de la fuerza pública en contra de los pobladores.
"Aquí hay una responsabilidad política de los actuales políticos como es el alcalde Miguel Becker y el Gobernador Richard Caifal, ellos son los responsables políticos del uso de la fuerza que utilizó carabineros en contra de esta legitima demanda que es la vivienda social. Yo creo que estas dos personas tienen que dar un paso al costado renunciar a sus cargos y tienen que pagar el costo político de la violencia desmedida en contra pobladores desarmados. Estamos analizando el curso de algunas opciones legales por el uso desmedido de la fuerza publica porque aparte fue un procedimiento irregular que no tenia ningún sustento jurídico ni legal", agregó el dirigente.
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