Desde tempranas horas de ayer, agricultores llegaron al campo Los Aromos en la comuna de Lautaro, para pedirle a los comuneros desocupar las tierras. Ante la negativa de irse, intervino Carabineros y los ocupantes prendieron fuego a los rastrojos existentes.
En Curacautín los vecinos además quemaron una camioneta en la que se movilizaban los ocupantes del recinto municipal. La municipalidad de Victoria fue desalojada y en Traiguén en tanto, y sin que se desalojara el edificio consistorial, los ocupantes antes de escapar generaron un incendio que debió ser controlado por bomberos de la ciudad.
Aunque algunos de los comités de los campamentos se comprometieron a retirarse en los próximos días, otros grupos aseguraron que el compromiso de abandonar el terreno se llevará a cabo luego de que se les entregue una vivienda digna. "Nosotros hacemos el compromiso por compromiso", dijo.
De acuerdo con la presidenta y coordinadora de tomas de Temuco, hay personas cumpliendo cuarentena por coronavirus en algunos de estos espacios, además de pacientes crónicos, discapacitados, niños y bebés de meses. "No tenemos una segunda opción de vivienda", manifiestan.
De acuerdo con Luis Leal, uno de los voceros de la toma, ya los habitantes del territorio se encontraban constituido como Comité ante una notaría pública, lo que significa que este requisito exigido por la municipalidad se cumplió antes del desalojo.
En la solicitud, el grupo también solicita aclarar sobre quién solicitó el desalojo de las familias en las tomas el pasado 26 de febrero, ante la controversia entre la municipalidad y la Gobernación.
Sobre la titularidad del territorio, el Gobernador aclaró que inicialmente se creyó que era la municipalidad. Sin embargo, posteriormente llegaron antecedentes de que podrían haber otros titulares de la acción. Ante la duda cancelaron las medidas de desalojo iniciadas.
Esta medida fue tomada luego de que los habitantes fueron desalojados y sus viviendas destruidas durante un operativo bajo la orden de la municipalidad. En el incidente, al menos 51 familias quedaron se vieron afectadas.
Becker reconoció que los terrenos se tratan de un bien nacional de uso público que pertenece a todos los chilenos. Igualmente afirmó que no están destinados para ser vivienda y como encargado de funciones públicas, es su responsabilidad la protección de estos espacios.
Tras ejecutar la orden de desalojo, se conoció que el territorio ocupado por los vecinos no formaba parte de los bienes de la municipalidad sino que son parte del Fisco Nacional.
El personal de las Fuerzas Especiales de Carabineros hizo uso del carro lanza aguas, así como de vehículos tácticos de enfrentamiento urbano para desalojar a los habitantes y destruir los campamentos. Se estima que en la operación resultaron 15 heridos y 10 detenidos.
El desalojo se habría efectuado el pasado 24 de febrero. Sin embargo, las familias se comprometieron en abandonar la propiedad el miércoles 26 del mismo mes, para evitar el uso de la fuerza pública.
En 2018 el exrector Sergio Bravo entregó su gestión con un superávit de más de $ 1.000 millones. Hoy la deuda alcanza los 40 mil millones.
El acuerdo entre la comunidad mapuche y la Diócesis de Villarica marca un precedente en el diálogo entre el Estado, la Iglesia y el pueblo mapuche, avanzando en la reparación de la pérdida de tierras en La Araucanía.
El operativo dejó cuatro detenidos, más de 23 kilos de cannabis sativa avaluada en 23 millones de pesos, vehículos y teléfonos celulares.
Debido a las lesiones que Karla Belén Huaiquián Sandoval, de 15 años, presenta en su cuerpo, se sospecha de un asesinato.
El director de salud municipal Jose Miguel Mella tendría un listado de trabajadores que serían desvinculados por motivos políticos.
