
Sujeto de 57 años es detenido tras abusar de su sobrina en San Ramón
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
La situación va cuesta arriba para ellos, ya no saben qué más hacer para pagar a sus trabajadores y el arriendo, reunión tras reunión han recibido un golpe en la narices, y ahora se quieren levantar porque ya no dan más en 8 meses de cero ventas. BancoEstado les ha cerrado la puerta en la cara.
La Región16/05/2020
Tania Marquez
No ha sido fácil para los 132 locatarios que viven en el sector del Carrusel en Temuco. Tras el llamado "estallido social" y ahora la pandemia, las ventas han sido nulas y algunos han debido cerrar sus locales porque hasta ahora, no han recibido ningún tipo de apoyo como se les había comprometido por parte del gobierno y la banca.
Ayer sacaron sus globos negros y letreros en sus mamparas para exigir una ayuda en créditos o fondos, al no estar facturando desde octubre, producto de que los locales se cerraron, hoy no pueden acceder a ningún tipo de beneficios de la pandemia, pues consideran que son insolventes y que no cumplen con los requisitos que exige BancoEstado e incluso, Sercotec.
La situación va cuesta arriba para ellos, ya no saben qué más hacer para pagar a sus trabajadores y el arriendo, reunión tras reunión han recibido un golpe en la narices, y ahora se quieren levantar porque ya no dan más en 8 meses de cero ventas.
"Ya han pasado 8 meses y no hemos recibido ninguna ayuda. Han venido los intendentes, los seremis, el gobernador, los consejeros, pero no hay nada de apoyo porque no hemos tenido ventas de octubre y no cumplimos con la solvencia que pide el BancoEstado y Sercotec", dice Mario Hurtado, presidente de la Asociación Gremial Carrusel.
"Hemos ido con el propio seremi de Economía Francisco López, a las oficinas del banco, pero nos dicen que no y no se dan cuenta que acá hay una realidad distintas que somos pequeños empresarios y que no hemos tenido ventas desde hace 8 meses. Algunos no tenemos Dicom, pero igual no nos dan crédito porque no hay facturación y en el caso de Sercotec, tampoco porque no hay pago de IVA. O sea nos han pegado un tremendo portonazo en la cara", aseguró el presidente de la asociación gremial.
Dicom
Cuenta que estuvieron desde el 23 de marzo cerrados por 40 días por la pandemia y ya desde el aniversario de la muerte del joven Camilo Catrillanca, sus locales no han podido abrir las puertas debido a las protestas y manifestaciones. Han debido que arreglar los locales, pagarle a algunos trabajadores para sostenerlo y además pagar los arriendos que se siguen cobrando, sin nada de apoyo ni ninguna rebaja por parte de los dueños de los locales.
"Nos dicen que no tenemos facturación, que no nos pueden dar créditos y nadie hace caso a las medidas que se están pidiendo por parte del Gobierno. Vemos al Presidente Piñera que anuncia ayudas, pero por ejemplo están haciendo valer el Dicom histórico y eso es ilegal, pero no les importa, igual no nos ayudan", agregó el dirigente.
Cuenta que el ex intendente Jorge Atton se habría comprometido con 400 millones de pesos, pero que hasta ahora no les ha llegado ni un peso de lo acordado. Este es un dinero que desapareció y que nunca llegó a nosotros. "Hay gente que depende de estos locales, familias esperando y más aún con esta situación de pandemia", finalizó el locatario.

Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.

Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.

La consejera nacional indígena señaló que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas reales del pueblo mapuche.

Esta política educativa busca entregar mejores condiciones de aprendizaje a estudiantes autistas y a toda la comunidad educativa.


El director regional manifestó que se debe actuar con respeto a los derechos humanos y que seguirán con su rol de vigilancia, al igual que en todos los gobiernos.

La Municipalidad de la capital regional obtuvo un comodato por 5 años e invertirá en reparaciones, inicialmente, 450 millones de pesos.

Se aprobó proyecto que busca otorgar estabilidad laboral a docentes municipales o de los SLEP que cumplan con requisitos de antigüedad y carga horaria.

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Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.

Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.