Esta coordinación se ha basado en la aplicación de medidas sanitarias para resguardar la salud tanto de los funcionarios de los servicios que intervienen en él, como de los usuarios y que se han puesto en marcha bajo la Ley 21.226, la que permitió suspender audiencias.
La Región 27/06/2020
Equipo AraucaniaDiario
En una nueva sesión de la Comisión Regional de Justicia Penal de La Araucanía, presidida por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Stephanie Caminondo, los diferentes servicios del sector participantes dialogaron sobre la forma en que cada uno se está preparando para enfrentar las nuevas necesidades y desafíos que surgirán una vez que finalice la crisis sanitaria.
Esta mesa de trabajo, integrada de forma permanente por organismos públicos como el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y Defensoría Penal Pública, se reúne cada mes para coordinar temáticas relacionadas con el proceso penal, buscando agilizar y mejorar su funcionamiento.
Desde la llegada del Covid-19 a nuestro país, esta coordinación se ha basado en la aplicación de medidas sanitarias para resguardar la salud, tanto de los funcionarios de los servicios que intervienen en él, como de los usuarios, y que se han puesto en marcha bajo la Ley 21.226 impulsada por el gobierno, la que permitió suspender audiencias, prorrogar plazos y dar atribuciones a la Corte Suprema para adaptar los procesos judiciales a la realidad de confinamiento y restricción de movimientos.
"Hoy día en una nueva sesión de la Comisión Regional de Justicia Penal, abordamos el tema del restablecimiento de las actuaciones judiciales, de las mejoras al sistema de justicia post crisis sanitaria, revisando en conjunto los nudos críticos a los cuales nos vamos a enfrentar en un futuro próximo, la sobrecarga del sistema para el segundo semestre y la necesidad de adaptar el sistema de justicia a la futura normalidad", señaló la Seremi Stephanie Caminondo.
Por este motivo, se prevee nuevas necesidades para el sector, principalmente en el ámbito penal, debido a la suspensión actual de audiencias presenciales y al retraso de actuaciones judiciales, que a nivel nacional se traduce en más de 93 mil postergaciones de causas, las cuales deberán realizarse durante el segundo semestre de este año o principios del 2021.
Para avanzar y prevenir la sobrecarga que podría producirse una vez que se retome el funcionamiento, los servicios involucrados, tanto en la región como en el país, han continuado desarrollando sus actividades bajo nuevas modalidades de trabajo, utilizando la tecnología e incorporando el sistema de videoconferencias, entrevistas remotas, juicios y audiencias a distancia.
De esta manera, tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público, han continuado funcionando de forma estructurada, de acuerdo a los lineamientos de vía remota y coordinando con otros actores, como es el caso de las policías, para ir disminuyendo la carga y materializar lo que se pueda realizar en esta etapa de la pandemia.
Al respecto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, enfatizó: "la justicia no ha parado de prestar sus servicios, inmediatamente se ajustó a los nuevos lineamientos, a realizar el trabajo de manera remota, trabajo que ha dado sus frutos y que da cuenta que se puede prestar justicia en estos términos".
"Sin embargo, estamos muy conscientes de que existen actuaciones que no se pueden realizar de esa manera y que requieren la presencia física de los intervinientes, es por ello que esta comisión busca la mejor alternativa para poder abarcar estas temáticas y de poder llegar a una solución para que en el momento en que termine la pandemia, poder realizar las actuaciones que hoy día se encuentran suspendidas", dijo Caminondo.
En este escenario, a través del "Plan de Acciones para Enfrentar la Futura Normalidad" presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se conformarán dos grupos de trabajo para abordar estas problemáticas, uno en el ámbito de la Justicia Penal, y otra en materias de Justicia Civil, los cuales actuarán en forma paralela, en los mismos plazos y cuyo propósito será entregar propuestas para resolver anticipadamente las dificultades que se avizoran para el retorno del funcionamiento de la justicia.
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