
Juntas de Vigilancia Rural se reúnen con General Director de Carabineros y Ministro de Seguridad
Los dirigentes solicitaron reforzar el trabajo en conjunto para disminuir los altos índices de inseguridad en los sectores rurales de La Araucanía.
Desde ayer iniciaron las primeras actividades de fiscalizaciones con los cordones sanitarios en Temuco y Padre Las Casas. A partir de hoy se adelantará el toque de queda a las 21:00 horas e iniciarán las fiscalizaciones en domicilios, cabañas y hoteles que se encuentren arrendando de forma ilegal.
La Región18/09/2020Ante la controversia respecto a la posibilidad de si la autoridad sanitaria podría o no entrar a los domicilios para cumplir su labor de fiscalización durante las Fiestas Patrias, AraucaníaDiario consultó al presidente de la Comisión de Salud del Congreso, diputado Ricardo Celis, quien aclaró: "La autoridad sanitaria actúa como juez de primera instancia y si ella necesita, por alguna razón fundada, el auxilio de fuerza pública, puede utilizarla a lugar, pero un inspector por sí solo sin una razón fundada no lo puede hacer. El Código Sanitario es claro en esa materia"
El parlamentario explicó que una de las razones por las cuales podría ingresar la autoridad sanitaria es en el caso de que sospeche, y tenga razones fundadas, de que en el sitio existe una infección o un foco de contagio grave o que sea una amenaza comunitaria.
"Allí siempre se contraponen los derechos personales frente a los derechos colectivos y en ese sentido, la autoridad sanitaria, por el Código Sanitario para este efecto y para otros, actúa como fuerza de primera instancia y tiene la facultad de ingresar y solicitar el auxilio de fuerza pública", insistió.
Además indicó que en el caso de que la persona se oponga al ingreso de las autoridades, "obviamente allí se instaurará un sumario sanitario".
Respecto a este mismo tema, se refirió el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien informó este martes que la autoridad sanitaria sí tiene facultades legales para ingresar a las viviendas para fiscalizar que se cumplan las medidas dispuestas para estas Fiestas Patrias.
No obstante, explicó que no cualquier persona puede ingresar a la casa de una determinada persona, pero que la ley actual sí autoriza a los representantes del Ministerio de Salud.
Asimismo, la seremi de Salud de La Araucanía, Gloria Rodríguez destacó: "vamos a contar con el máximo equipo de fiscalizadores. Además que nosotros en virtud del código sanitario podremos entrar a las casas. Al igual que lo hemos hecho en el plan de descontaminación, tenemos todas esas competencias (...) La idea es hacerlo de forma tranquila y todas las personas responsables que no tengan problemas de demostrar que están cumpliendo sus medidas, como lo dispone los distintos acuerdos y las distintas indicaciones a nivel central, no debieran tener problema en que nosotros ingresemos".
Finalmente, aclaró que todos los fiscalizadores de la seremía de salud cuentan con credenciales. Esto con la finalidad de evitar que se cometan delitos dentro de los domicilios.
Los dirigentes solicitaron reforzar el trabajo en conjunto para disminuir los altos índices de inseguridad en los sectores rurales de La Araucanía.
Se trata de un “huevo de juguete para cochecito brunch & go”, comercializado en Chile durante los años 2022 a 2025.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
Federico Astete Catrileo es responsabilizado del ataque al Molino Grollmus, en Contulmo, el 29 de agosto de 2022, que dejó heridos graves y el edificio totalmente destruido.
Hoy jueves se realizará la audiencia clave sobre el proyecto WTE Araucanía en el 3er Tribunal Ambiental de Valdivia donde se decidirá si el proyecto continúa rechazado o se le abre una puerta para una nueva evaluación.
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
En la ocasión, Cristian Mallol Comandari, recibió tan sólo una amonestación y pudo continuar haciendo clases. Dos estudiantes habrían quedado con estrés post traumático.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.