La entidad a la que pertenece el excomisionado Sebastián Naveillán -quien no suscribió el informe- manifestó que es urgente cambiar la ley Indígena.
Con un amplio consenso finalizó oficialmente su trabajo este 30 de abril de 2025, preparando para los próximos días la entrega de los 22 puntos que presentarán al Presidente Gabriel Boric.
Hoy 30 de abril acaba el tiempo para la entrega del informe final que debe entregar el organismo, instancia convocada por el Gobierno para evaluar posibles soluciones al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
Desde la Corporación de Profesionales Mapuche ENAMA, valoraron los esfuerzos de los comisionados, pero señalan que la nueva prórroga afecta seriamente la confianza en la comisión.
El integrante de la comisión Asesora Presidencial por La Paz y Entendimiento señaló que esto es un intervencionismo internacional solicitado por un grupo que no representa al pueblo mapuche.
El parlamentario informó que los primeros pasos serán determinar la cantidad de tierras ya entregadas, comunidades en espera y qué bienes son públicos y cuales privados, a través de reuniones con la Conadi, Bienes Nacionales y empresas forestales, entre otros actores.
Acusan a Sebastián Naveillán de pertenecer al "APRA" y exigen además la renuncia de los senadores Francisco Huenchumilla y Carmen Gloria Aravena. Asimismo, del ex alcalde Adolfo Millabur.
Comuneros mapuche de Curacautin, Lautaro y Vilcún acusan "negacionismo con el derecho a las tierras mapuche". Hoy a las 11:00 horas llegarán hasta la Corte de Apelaciones de Temuco.
En la segunda cuenta pública del Presidente Gabriel Boric hubo pocos anuncios o referencias a los problemas de violencia en la Macrozona Sur.
La Municipalidad de la capital regional obtuvo un comodato por 5 años e invertirá en reparaciones, inicialmente, 450 millones de pesos.
Se aprobó proyecto que busca otorgar estabilidad laboral a docentes municipales o de los SLEP que cumplan con requisitos de antigüedad y carga horaria.
La coordinadora del programa Habilidades Para la Vida (HPV), informó a distintos colegios de Temuco que la UFRO fue avisada que no podrá continuar ejecutándolo.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
