Se trataría del actual fiscal regional Roberto Garrido y de su antecesor Cristian Paredes, entre otros de la región. Se desconoce si conversaron por ayuda para nombramientos o si entregaron información sobre causas.
El legislador se mostró partidario de que “tiene que salir a la luz todo lo que sea necesario dentro del ámbito de la investigación y de las aristas políticas que esto pueda tener".
Sin embargo, valoró que los ministros del máximo tribunal tengan la disposición a mejorar el nombramiento de los jueces y que reconozcan que existe una "opacidad" en el sistema legal.
La máxima autoridad universitaria cruza un límite que lo pone a él, en la misma línea de sus directoras denunciadas por prácticas desleales y antisindicales.
Pese a que según testimonios, fue quien instruyó pedir autorización para usar el programa "Antorcha" y habría sabido de todo lo que se estaba haciendo.