Una pena de 10 años y un día de presidio efectivo deberá cumplir un obrero agrícola de 54 años que fue condenado por el Tribunal Oral de Angol por el delito de abuso sexual infantil reiterado cometido en contra de dos de sus hijas y de una amiga de estas, en la comuna de Collipulli.

Con la prueba presentada, la Fiscalía pudo acreditar que entre diciembre de 2017 y enero de 2019 el acusado realizó diferentes actos de significación sexual en perjuicio de las víctimas, quienes tenían entre 12 y 13 años de edad al momento de ser abusadas.

La sentencia del Tribunal Oral de Angol sentenció al condenado a cumplir una pena de 10 años y 1 día de presidio, la inhabilitación para obtener la patria potestad y de todos los derechos de sus hijas y a la sujeción de la vigilancia de Carabineros por el periodo de 10 años siguientes al cumplimiento de la pena corporal.

El fiscal Nelson Moreno, a cargo de la investigación, destacó que este juicio fue el primero desarrollado en el Tribunal Oral de Angol bajo los protocolos que establece la Ley 21.057 de Entrevista Investigativa Videograbada, por lo que las víctimas declararon con un intermediario, que actúa como un facilitador comunicacional para evitar la victimización secundaria que las preguntas pudieran causar a un niño, niña o adolescente.

“En este juicio, atendida la calidad de adolescente de las víctimas, y su estado de vulnerabilidad, fue relevante la participación de la figura del intermediario contemplada en la Ley 21.057", detalló el fiscal Moreno.

"Esta función la realizó un funcionario de Carabineros, capacitado y certificado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, añadió.

En el juicio, el intermediario transmitió a las víctimas las preguntas que formularon los intervinientes en un lenguaje y modo adecuados a su edad, madurez y condición psíquica, para asegurarse que fueran comprendidas por estas.

Cabe recordar que el 3 de junio entró en vigencia en La Araucanía y otras cinco regiones del país la segunda etapa de la Ley de Entrevistas Videograbadas, cuyo principal objetivo es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sufrido delitos sexuales y otros delitos graves.

Además, establece un nuevo trato a la infancia, a través de un marco normativo que regula la toma declaraciones, así como la formulación de preguntas inadecuadas o repetitivas durante el proceso judicial.