La Fiscalía obtuvo la pena de presidio perpetuo simple contra una mujer y su pareja por los delitos de abuso sexual y violación reiterados perpetrados en Angol durante más de 10 años en perjuicio de una menor de edad, hija de la condenada.

Con la prueba rendida en juicio, el fiscal jefe de Angol, Cristián Gacitúa, acreditó que los ultrajes a la menor comenzaron en 2006, cuando ésta tenía 9 años de edad. Ese año la condenada de iniciales A.C.., inició una relación sentimental con el chofer de locomoción colectiva B.M., pocos meses después de que falleciera su cónyuge y padre de la víctima. 

Ambos se habrían concertado para violar a la niña y en esa dinámica la madre jugó un rol clave, pues la habría manipulado para que consintiera, según explicó el fiscal Gacitúa.

“La convenció de qué forma, indicándole que si accedía a ello iba a tener una mejor figura, una cintura más acentuada, de manera que la víctima a sus 9 años comenzó a ser sometida a vejaciones sexuales, tanto a violaciones como abusos sexuales, que eran ejecutadas al mismo tiempo tanto por el acusado como por la madre de la víctima”, indicó. 

Estos vejámenes, cometidos tanto por la madre como por su pareja, ocurrieron en forma reiterada hasta 2017, cuando la víctima tenía 20 años, en distintos domicilios de la comuna de Angol y también en un taxi colectivo que manejaba el condenado.

El Tribunal Oral de Angol dio por establecido que ambos se aprovecharon tanto de su incapacidad para oponerse, dada por la severa y reiterada dinámica de agresiones de la misma naturaleza que venía sufriendo desde su niñez, como de la manipulación psicológica que realizaba su madre, quien le señalaba que si accedía nada les faltaría, ya que la situación económica de ambas era precaria y era el acusado quien las proveía de lo necesario.  

La sentencia acogió la solicitud de pena de la Fiscalía e impuso a los condenados la pena de presidio perpetuo simple por los delitos reiterados de abuso sexual infantil, violación infantil, además de abuso sexual y violación a mayor de 14 años. Esta pena implica que sólo podrán postular a algún beneficio como la libertad condicional una vez cumplidos veinte años de privación de libertad.