Las víctimas serían menores de edad, por lo que no se puede informar el nombre del imputado. El juzgado de Garantía negó la prisión preventiva.
El Tribunal Oral de Temuco condenó a un sujeto a 15 años de presidio efectivo por la violación de una menor de edad, en un sector rural de la comuna de Toltén.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol condenó a Edgardo Richard Chandía Avello a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado y reiterado de abuso sexual infantil. Ilícito perpetrado en septiembre de 2019, en la comuna de Renaico.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a D.R.L.R., a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado y reiterado de abuso sexual de menor de 14 años. Ilícito perpetrado entre octubre y noviembre de 2018, en la comuna de Padre Las Casas.
La víctima, a sus 9 años, comenzó a ser sometida tanto a violaciones como abusos sexuales, que eran ejecutadas al mismo tiempo tanto por el acusado, como por la madre de la víctima.
El hombre fue condenado por el Tribunal Oral de Temuco como autor de los delitos de abuso sexual infantil reiterado y violación de menor, cometidos entre 2009 y 2019 en contra de un niño con trastorno del espectro autista, en Lonquimay y Concepción.
Una sentencia de 20 años y un día de presidio deberá cumplir una mujer de 50 años de edad, que fue condenada en Temuco por los delitos de violación, abuso sexual y producción de material pornográfico infantil, cometidos en perjuicio de su propia hija de 8 años. Mientras que su pareja, de 48 años, fue sentenciado a penas que suman 15 años de cárcel.
El imputado habría confesado y familia de la víctima exige justicia y respuestas de la fiscalía.
El funcionario presentó una acción de tutela laboral, luego de ser desvinculado de la universidad, tras una serie de decisiones que la llevaron a una crisis financiera.
En la ocasión, Cristian Mallol Comandari, recibió tan sólo una amonestación y pudo continuar haciendo clases. Dos estudiantes habrían quedado con estrés post traumático.
La decisión la adoptó la contralora general Dorothy Pérez, por motivos propios del servicio, pasando a desarrollar otras funciones dentro de la institución.
Por norma los juicios laborales son públicos, pero en el caso de las demandas contra la universidad de la Frontera, el tribunal accedió a mantenerlas en secreto.
La mujer mantenía material para ser comprado en la plataforma para adultos Arsmate y fue bajado y difundido entre sus compañeros de trabajo.
