Al igual que sucedió con "Dominga" en el norte de Chile, donde los seremis del Gobierno de Sebastián Piñera aprobaron la iniciativa que amenaza con construir un megaproyecto minero y portuario en la mitad del santuario del Archipiélago de Humboldt, donde conviven cientos de especies únicas, como pingüinos de Humboldt, colonias completas de delfines, "chungungos" y donde vienen ballenas de todo el mundo en busca de refugio y comida; en Lautaro, la actual administración y a sólo 2 días de dejar el Gobierno, pretende votar -y aprobar- el proyecto de incineración de basura que 4 empresarios y un abogado lobbista insisten en instalar.

Y es que recién hace algunas horas se conoció que se ha realizado una citación "extraordinaria" para que el Coeva -compuesto por 11 Seremis o autoridades-, vote el proyecto de la planta WTE Araucanía.

La citación se realizó para el miércoles 9 de marzo a las 10 de la mañana, mediante videoconferencia, donde la tabla señala los puntos a tratar que serían: 1.- Revisión de acta, sesión ordinaria del 24 de febrero de 2022, 2.- Proyecto sometido a calificación ambiental, 2.1. Estudio de Impacto Ambiental: Planta WTE Araucanía, de WTE Araucanía SpA. Comuna de Lautaro.

Vinculación de WTE con Gobierno de Piñera

Varias son las cercanías que tendrían los dueños de WTE Araucania SpA con la derecha o el saliente Gobierno de Sebastián Piñera, lo que de cierta manera justificaría esta "citación extraordinaria" a votar por la planta de incineración de basura en Lautaro.

Por ejemplo, la hija del agricultor Gastón Caminondo, Stephany Caminondo, es la seremi de Justicia (en cupo Evópoli) de La Araucanía; asimismo, el empresario Robert Wörner sería cercano al ex alcalde de Temuco Miguel Becker (RN) y viajó con él a España un año antes de que Becker aprobara la licitación de la planta WTE Araucanía, a ver este mismo tipo de industrias; siendo Wörner además financista de la campaña del ex intendente Luis Mayol, para constituyente. Finalmente, el abogado y lobbista Rolando Franco mantiene millonarios contratos con seremías e instituciones públicas, donde les arrienda oficinas, como son la Conadi, el Senama, la seremía de Energía y la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, entre otros, cobrando mensualmente millones de pesos en arriendos.

Hasta el momento no hay reacciones, ni de la comunidad, ni de los organismos ambientalistas que han defendido los derechos de los vecinos de Lautaro, a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación.