El abogado del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, realizó ayer un punto de prensa el Concepción, donde su defendido se encuentra recluido en una celda individual, a la espera de que se cumpla el protocolo Covid.

Rodrigo Román anunció que interpondrá un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, para intentar que el líder de la CAM quede en libertad, intentando que se retire la formalización por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y así revocar la decisión tomada este jueves por el Juzgado de Garantía de Temuco, al dejarlo en prisión preventiva.

"Estamos en presencia de una operación política de la inteligencia policial que esto viene a ser algo así como 'Huracán 2"", dijo Román.

"Las fuentes de la imputación son las arengas que habría realizado el peñi Héctor Llaitul tanto discursos como en entrevistas, aquello significaría sancionar un delito ideológico, que el derecho penal moderno no admite aquí ni en ninguna parte", agregó el abogado de Llaitul.

Castigo por lo que se dice

"Nadie puede ser castigado por lo que dice, sino por las conductas", aseguró el abogado Rodrigo Román y es que si bien es cierto, para el común de la gente tal vez pueda ser así, en rigor existen tratados internacionales que protegen que las personas puedan decir lo que piensan, lo que sienten.

Ante la afirmación de Rodrigo Román, Garrido ya había dicho sin embargo: “estimamos que no estamos persiguiendo la forma de pensar de ninguna persona, sino que acciones que están descritas como constitutivas de delito, y estas acciones consisten de acuerdo con los términos que se utilizan en los tipos penales correspondientes en incitar y promover la realización de una determinada acción”.

“Si comparamos los dichos del imputado y luego las acciones que se realizan, las pancartas, los lienzos que se encuentran en cada uno de esos lugares, creemos que se puede establecer un nexo entre las incitación que él realiza y después la realización de esos atentados”, aseguró Roberto Garrido.

Sin embargo, la línea es muy delgada, más aún considerando que funcionarios de su unidad estuvieron involucrados en la "Operación Huracán" e incluso se asegura que hay un fiscal que debiera estar también formalizado, en un juicio que lleva casi 5 años sin que se logre aún, ir a juicio oral.

Cabe señalar además que por los delitos en los cuales se mostró algún tipo de evidencia objetiva -como georreferenciación en un área cercana a la toma de un predio-, las penas no justificarían la prisión preventiva, algo que solo se pudo lograr agregando el delito por Ley de Seguridad del Estado, la que el abogado Román insiste, castiga a las personas por su pensamiento y por lo que se dice.