Comisión de expertos no considera representantes de los pueblos originarios
Además de un Consejo Constitucional -compuesto por 50 miembros elegidos democráticamente- el nuevo proceso constitucional incluirá un Comité Técnico de Admisibilidad (14 miembros) y una Comisión Experta conformada por 24 personas "de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras", informa el Senado de la República.
"Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la Comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros", agregan desde el Senado.
"La Comisión iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias", se puntualiza además.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas políticas no dejó a todos contentos y a la crítica de comunistas, republicanos y al Partido de la Gente (PDG), se suma el sentido reclamo de los miembros del movimiento "Pueblos originarios por la paz", integrado por la Corporación mapuche ENAMA, Fundación Rakizuam, el Consejo político mapuche Ngulumapu, el Consejo político de las 10 primeras naciones, comunidades rurales y asociaciones indígenas urbanas; quienes aprovechan de proponer como miembro de la Comisión Experta, al conocido abogado Richard Caifal Piutrin.
Preocupación entre mapuche
"La Corporación de profesionales mapuche ENAMA, manifiesta su preocupación al conocer el acuerdo de los Partidos políticos que no considera expertos indigenas que integren la "Comisión de expertos"", manifesta Hugo Alcamán.
"Considerando además que los derechos indígenas contenidos en acuerdos internacionales (OIT, ONU, OEA), son un área de la jurisprudencia que no se ha abordado debidamente en Chile, por lo que existe escaso expertisse, tanto en los Centros de estudios (think tank), como en las Casas de estudios superiores (universidades), lo que queda de manifiesto en las ineficientes políticas públicas que no satisfacen las urgentes necesidades de los pueblos originarios", agrega.
"Hoy los indígenas estamos incorporados al siglo XXI, existiendo profesionales que, además, conocen profundamente la realidad de sus respectivos pueblos", dice Alcamán.
"Hoy, los indígenas no somos interdictos, no necesitamos delegar vocerías o responsabilidades que comprometan los destinos de nuestros pueblos, ya que poseemos las competencias y experiencias para aportar, desde nuestra visión de mundo (cosmovisión) al engrandecimiento y desarrollo del país", añade el líder mapuche.
"Es imprescindible que la nueva Constitución encare, debidamente, con "expertos" indígenas, la realidad diversa de los pueblos originarios que aseguren la paz y el desarrollo integral de su gente", finaliza Hugo Alcamán.