Senador Huenchumilla critica proyecto que busca ampliar cárceles

Esta semana, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que busca facilitar la mejora y ampliación de los recintos penitenciarios.

En la instancia, el senador Francisco Huenchumilla votó en contra de la iniciativa, al cuestionar que la misma “no da respuesta” a los nuevos fenómenos delictivos actuales, no contribuye al desarrollo armónico de las ciudades, ni tampoco se hace cargo de los incumplimientos del Estado respecto del Convenio 169, que fija condiciones carcelarias especiales para condenados de pueblos originarios. 

La iniciativa fue finalmente aprobada por 3 votos contra uno, por lo que continuará su trámite en la sala del Senado.

Las dudas

El legislador comenzó poniendo en duda que el proyecto, parte de una estrategia que privilegia el uso del derecho penal para combatir la delincuencia, sea efectivo en combatirla. “¿Esto tiene en cuenta los nuevos fenómenos delictivos que tenemos? (…) el combate a la delincuencia, como política de seguridad, este Gobierno ¿lo va a centrar exclusivamente en el derecho penal?”, consultó.

Ya fuera de la instancia, el parlamentario insistió en que ésta, o una seguidilla de iniciativas para perfeccionar el derecho penal “no se hacen cargo de la nueva realidad delictiva y de seguridad que tenemos en el país, considerando los nuevos fenómenos del crimen organizado o el narcotráfico”.

En ese sentido, el parlamentario agregó que espera conocer del Gobierno “cuál es la política general y sistémica que tienen para el combate contra la delincuencia (…) en orden a asegurar una agenda de seguridad que fue conversada con la oposición. Y por supuesto, para eso se requiere también una nueva y completa política carcelaria. Pero en este proyecto, eso yo no lo veo”, planteó.

Política carcelaria con “enfoque urbano”

El parlamentario apuntó luego a una segunda arista: la falta de un enfoque “urbano” en el desarrollo de una política carcelaria. A su juicio, en el proyecto “hay una reiteración de que las cárceles deben seguir estando donde están”: en las ciudades“.

¿Queremos un tipo de ciudad, en las cuales las cárceles sigan estando donde están, y lo que vamos a hacer es que en vez de ocupar una hectárea, vamos a ocupar una hectárea y media? ¿Y vamos a expropiar un par de casas que estén al lado, y vamos a ampliar los recintos?”, cuestionó.

A juicio del senador, el proyecto perpetúa la política de continuar con las cárceles “sin considerar los aspectos urbanos del crecimiento de las ciudades (…) se busca seguir construyendo o ampliando cárceles en todas las ciudades, cuando la idea es que las mismas vayan saliendo de la parte urbana, y estén construidas fuera del radio urbano, para poder tener urbes amables y modernas”, explicó.

Incumplimientos al Convenio 169

Finalmente, el parlamentario criticó un tercer punto del proyecto: no hacerse cargo de las obligaciones especiales que el Convenio 169 mandata, para el cumplimiento de penas por parte del mundo indígena. “Si nosotros queremos tener una visión sistémica del problema, no podemos olvidarnos del problema político que tenemos en la Macrozona Sur (…) el Estado está incumpliendo las normas del Convenio 169, respecto de la forma de cumplimiento de las penas cuando los condenados pertenecen a pueblos originarios”, recalcó.

El senador recalcó que el proyecto “no se hace cargo de que el Estado cumpla con el Convenio 169 (…) el Convenio 169 es una ley de la República. Para generar un clima de confianza, el Estado tiene que dar el ejemplo de cumplir las leyes; mal puede decirle al mundo indígena que está incumpliendo el estado de derecho, si el Estado no cumple con una legislación obligatoria como ésta”, puntualizó.