Ayer viernes 29 de diciembre fueron formalizados ocho comuneros mapuche de la comunidad Küme Rakiduam, 5 mujeres y 3 hombres, quienes el jueves anterior habían sido detenidos luego de ser desalojados por personal policial en conjunto con efectivos del Ejército.

El desalojo se realizó en el ex fundo "La India", en el sector Huapitrío de la comuna de Collipulli, propiedad de un agricultor de nombre Miguel Madrii, bajo el marco de la nueva ley de Usurpaciones, que permite la acción policial sin la autorización previa de un tribunal.

Desde la comunidad denunciaron el uso excesivo de la fuerza y que incluso se habría detenido a menores de edad. "Durante el allanamiento y desalojo cabe hacer presente 2 hechos que resultan de suma gravedad, el primero es la detención de menores de edad, los cuales, según el relato de los propios niños y niñas, ingresaron a los calabozos de la comisaría, para posteriormente quedar en libertad", informaron.

"Estos niños niñas y adolescentes fueron vulnerados en sus derechos en todo momento, al presenciar a la policía y maquinas retroexcavadoras, echar abajo las casas que con esfuerzos sus padres y mayores habían construido, destruyendo absolutamente todo lo que había al interior de los inmuebles, incluida sus propias pertenencias, lo que sin duda representa un episodio traumático en sus vidas", agregaron.

Rehue

"El segundo hecho de gravedad fue originado por el propio latifundista usurpador Miguel Madrii, quién al momento del allanamiento decide sacar y llevarse el Rehue o Purrahue que la comunidad instaló bajo el protocolo de la religión Mapuche", reclamaron los comuneros.

"En una actitud abiertamente racista y en su condición de "patrón de fundo", se lo lleva en un camión con destino desconocido. Cabe hacerle presente al colono Madrii, que con la religión Mapuche no se juega y también representa un delito debido a que existen diversas normás jurídicas amparadas en el derecho internacional y ratificadas por el propio estado Chileno los cuales velan por la garantías de los derechos culturales de los pueblos originarios", añadieron desde la comunidad.

Los imputados fueron formalizados usurpación no violenta, quedando con prohibición de reingresar al predio desalojado.