Este jueves, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet expresó su preocupación porque la adopción de medidas de emergencias ante el coronavirus sean utilizadas para justificar “cambios represivos de la legislación convencional" y que luego se mantengan después de la pandemia.

"Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión", señaló Bachelet durante la  sesión virtual del Consejo de Derechos Humanos.

La ex mandatario indicó que el consejo celebrado este jueves tenía como finalidad abordar temas sociales y políticos ante la pandemia, así como la necesidad de responder ante la emergencia de salud pública con decisiones que pueden resultar "muy difíciles", pero que no son "un cheque en blanco para olvidar las obligaciones con los derechos humanos”.

"En algunos países, se ha informado de periodistas sancionados por reportar sobre escasez de mascarillas, trabajadores sanitarios reprendidos por decir que no tienen suficiente protección, o gente detenida por hablar de la pandemia en redes sociales", criticó Bachelet.

Respecto a esto, la alta comisionada instó a los gobiernos a ser más "transparentes" y aumentar el acceso a la información. Reiteró que criticar "no es un delito".

Desigualdades de sociales

La exmandataria manifestó su preocupación frente a las desigualdades sociales que se están revelando en algunos países, incluso desarrollados, respecto a la atención sanitaria  y la protección laboral. Adivirtió posibles vulneraciones de derechos sociales y económicos, ante una situación que "tendrá efectos desproporcionados en los más pobres".

Señaló las evidencia de un estudio del gobierno autonómico de Cataluña, que muestra cómo el nivel de contagio es hasta siete veces mayor en los barrios más populares, situación que, según ella, se evidencia aún más en los barrios populares de Latinoamerica.

Resaltó que las personas privadas de libertad se encuentran en mayor riesgos de contagio por las condiciones de los centros penitenciarios, por lo que instó a las autoridades competentes a reevaluar los casos que de "prisión preventiva" para optar por otras medidas alternativas.