A partir de hoy lunes, el director regional de Vialidad del ministerio de Obras Públicas en La Araucanía, Rodrigo Toledo, debería retomar nuevamente sus funciones, tras ser suspendido desde el pasado 13 de febrero a causa de un sumario administrativo en su contra.

Esto se debería a que la etapa investigativa del sumario administrativo que se encontraba en curso fue agotada y por lo tanto la Resolución de la Fiscalía Nacional del MOP ordenó la suspensión de la medida y en consecuencia, su eventual retorno como funcionario de la entidad.

Adicionalmente, a comienzos de mayo de este año, 30 alcaldes de la región solicitaron a través de una misiva dirigida al ministro del MOP Alfredo Moreno, agilizar el término del sumario contra Toledo. Según los ediles, tanto la medida administrativa como los efectos del coronavirus, impactaron fuertemente en el desarrollo de obras en la región, no obstante que estaba debidamente subrogado.

Antecedentes

La suspensión del cargo Toledo fue resuelta el pasado 14 de febrero. La información se confirmó a través de un comunicado, donde el secretario regional ministerial de Obras Públicas Henry Leal, indicó que la decisión había sido tomada para asegurar el éxito de la investigación y resguardar la independencia de las declaraciones de testigos y terceros.

En el comunicado, se informó además que su suspensión correspondía a las imputaciones públicas y privadas que se habían formulado por la falta de probidad en la gestión de contratos en la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía.

"Yo realizo mi trabajo de la forma que siempre me ha caracterizado. No entiendo porqué estoy metido en este kilombo (...) Sólo me suspendieron mientras se realiza el sumario o parte de el", dijo Toledo a AraucaníaDiario, sobre su suspensión en esa oportunidad.

Desde el 10 de marzo se nombró al ingeniero David Venegas como director interino de Vialidad. Venegas asumió el cargo mientras se resolvían las investigaciones por presuntas coimas en la repartición de Gobierno.

Responsabilidades

El sumario se encontraba destinado a establecer las responsabilidades de funcionarios públicos en irregularidades denunciadas por el contratista Bruno Fulgeri, en los contratos por conservación de caminos básicos, Chucauco-Schleyer-Vida Nueva en la comuna de Villarrica además de Cristo Carhuello- Quelhue en Pucón.