La dirección nacional confirmo en exclusiva a AraucaniaDiario que el ahora ex director regional fue destituido, pero que continuará trabajando en la repartición pública. Por su parte el empresario que denunció las presuntas coimas al interior del MOP Araucanía dijo que esperaba que esto no fuese sólo una "estrategia comunicacional".
El empresario criticó: "allí hay una maquinación política (...) y que haya estado o no haya estado el director de vialidad todo este tiempo, su gente siempre ha estado allí". Agregó que hasta ahora no ha tenido ninguna respuesta de la contraloría, ni de la fiscalía.
Desde el pasado 5 de junio se dejó sin efecto la medida de suspensión preventiva en contra de Toledo, a causa de un sumario administrativo por irregularidades en la repartición que dirige en la región.
A través de un comunicado y como informó en exclusiva Araucanía Diario, ayer el Ministerio de Obras Públicas confirmó la llegada de quien asumirá hoy el cargo que ocupaba Rodrigo Toledo, tras las polémicas por supuestas coimas en la repartición de Gobierno. El objetivo es lograr una adecuada investigación y reguardar a los testigos y terceros que declaren el el proceso.
De acuerdo a la declaración que el ahora ministro de Economía entregó ante la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, Hasbún habría realizado gestiones a favor de un proyecto del empresario Fulgeri. Lucas Palacios permitió el acceso de los prosecutores a sus cuentas bancarias de manera voluntaria.
Se trata del camino Chucauco–Sleyer–Vida Nueva, en la comuna de Villarrica, obras que se encuentran paralizadas y con sólo un 50% de avance. Este forma uno de los cuatro contratos que fueron liquidados a la empresa constructora de Fulgeri, quien denunció presuntas coimas en el MOP a través del exdiputado de la UDI, Gustavo Hasbún.
La autoridad se reunió con los gremios tras la incertidumbre que reina en el edificio del Ministerio de Obras Públicas. Si bien se adelantaba una posible salida del director regional, todo indica que esta no sería posible dado que se encuentra con sumario y se debe esperar los resultados de tal investigación para así conocer si existen culpabilidades o no en la acusación por coimas.
En un inédito y sorpresivo procedimiento y mientras se esperaba la declaración del ex subsecretario de Obras Públicas Lucas palacios, la PDI se hizo presente en las dependencias de esta repartición pública incautando además los teléfonos del seremi Henry Leal y su computador.
Pasando desapercibido y de manera voluntaria Lucas Palacios llegó el jueves pasado a Temuco, donde declaró como testigo ante el fiscal de alta complejidad Héctor Leiva, en el marco de la investigación que se lleva a cabo luego de la denuncia que estampó el ex intendente de La Araucanía Jorge Atton, en base a un audio y mensajes de whatsapp donde el ex diputado Gustavo Hasbún, pide dinero a cambio de realizar gestiones ante el MOP, a favor del empresario Bruno Fulgeri.
La Fiscalía de la Araucanía confirmó que declaró en calidad de testigo.
Los parlamentarios de oposición coincidieron en que es importante indagar los graves hechos de corrupción que quedaron al descubierto, luego de que el empresario Bruno Fulgeri revelara audios y mensajes de whatsapp donde se le solicitaba dinero a cambio de destrabar procesos administrativos al interior del ministerio de Obras Públicas.
A través de un comunicado, el secretario regional ministerial de Obras Públicas informó de la decisión se adoptó para asegurar el éxito de la investigación y resguardar la independencia de las declaraciones de testigos y terceros en una investigación que lleva a cabo el ministerio por eventuales faltas administrativas en la dirección regional.
El hoy fiscal regional de Coquimbo nació en Temuco y comenzó su carrera del Ministerio Público en Loncoche en el año 2000.
Es de esperar que este año no mueran más personas en situación de calle por frío, como viene sucediendo en los últimos inviernos.
Afirmaron que de lo contrario demostrarían su falta de voluntad para resolver el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche.
La Contraloría detectó además que el jefe de traumatología decidía qué pacientes operar en intervenciones compradas, aunque era parte del equipo que operaba.
Según la fiscalía, Rubén Cheuquepán debía declarar por videoconferencia, lo que le imposibilitaba comunicarse con su abogado de forma simultánea y en persona.
