Como autora de una iniciativa legal similar, la cual busca establecer que la comunicación para informar al consumidor de la existencia de una deuda puede reiterarse sólo en el plazo de 60 días, la senadora Carmen Gloria Aravena, valoró la aprobación en general del proyecto de ley que modifica la ley N°19.496 para establecer límites en materia de cobranzas extrajudiciales.

Al respecto, Aravena explicó que de acuerdo a cifras entregadas por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), sólo en el primer semestre de este año, se recibieron 8.652 reclamos en materia de cobranzas extrajudiciales, siendo el mercado financiero uno de los proveedores que concentra la mayor cantidad de reclamos con un 66%.

"Debemos terminar con el hostigamiento de llamadas extrajudiciales de cobranza. He sido una de las impulsoras de proyectos de ley en esta materia, para acabar con un abuso que perjudica la salud mental de las personas. La iniciativa legal que aprobamos en la Comisión de Economía es un avance, pero aún falta mucho por hacer. Este proyecto señala que no se podrá realizar más de una llamada efectiva al día, lo cual sigue siendo una exageración y no resuelve el problema de fondo", manifestó Aravena.

Asimismo, la parlamentaria indicó: "La única forma de respetar lo establecido en el artículo 19 de la Constitución, el cual asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, es mejorar la ley de protección de los consumidores, estableciendo sanciones a quienes no cumplan la normativa y sean reiterativos en éste tipo de abusos".

Finalmente, Aravena sostuvo que uno de los motivos por los cuales se generan más reclamos, es el hostigamiento a terceras personas. "Un consumidor recibe en promedio cerca de 20 gestiones de cobranza en los primeros 15 días de mora, muchas de éstas se realizan incluso a otra personas, afectando la privacidad familiar y relaciones laborales, por lo que el Sernac sugiere que se establezcan sanciones cuando se contacte reiteradamente a terceras personas que no son los deudores".

El proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Economía del Senado, instancia donde se realizarán las mejoras necesarias en el corto plazo, de manera de limitar el número de llamados de cobranza a cifras razonables y acabar con el hostigamiento, sobretodo, en el contexto de crisis sanitaria y económica que enfrentamos como país.