Con la aprobación de los escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constituyente, la participación indígena en la redacción de una nueva Constitución se convirtió en una realidad de la cual distintos actores del mundo político y no político buscan formar parte.

Es así como la profesora de educación básica y diferencial, Ingrid Conejeros, se interesó en ocupar uno de estos escaños para la búsqueda de un Estado Plurinacional. "Nosotros estamos haciendo un trabajo con organizaciones colectivas y con comunidades. Estamos trabajando en desarrollo programático y nuestro planteamiento va en profundizar en las demandas mapuche que tienen que ver con la libre determinación, la autonomía y por la recuperación de derechos lingüísticos, derechos educativos, salud intercultural, entre otros", indicó.

"Todo ello amparado en una propuesta de plurinacionalidad con derechos y obligaciones del Estado para con los pueblos. Esta es la principal demanda", agrega.

La candidata valoró la aprobación de escaños reservados que permitió una mayor representación de los pueblos originarios. A partir de aquí, señaló, fue que se tomó la decisión de levantar la candidatura. "Queremos tener una representatividad activa dentro de la Convención Constitucional, esa es nuestra estrategia. No perder el control del proceso y estar generando los apoyos necesarios para que las decisiones desde afuera sean incorporadas por los constituyentes electos", señala.

Estado plurinacional

Respecto a su propuesta para la redacción de la nueva carta magna, Conejeros asegura que la idea es: "No quedarnos tan solo en el reconocimiento, sino en avanzar en las políticas que se deben propiciar".

"… lo plurinacional se debe ejercer desde el ámbito jurídico, podemos hablar de modos y leyes propias para las comunidades y territorios. Desde esta perspectiva se tendría que ejercer lo que dice el Convenio 169", explica.

Para que esto se logre, la candidata considera que es necesaria una "base mínima" de derecho, "para que de allí en adelante se pueda ir construyendo otra forma de ejercer los derechos, que tienen que ver con el territorio, la tierra y las formas de economía en los territorios (…) desde esta perspectiva se tiene que generar un proceso a largo plazo donde el Estado favorezca los procesos de determina de autonomía en todo su amplío sentido: en la educación, las leyes, la salud, la justicia, el derecho a territorio, el derecho a la vivienda".

"Son aspectos que se deben considerar para que la autonomía no sea solo enunciativa, sino que sea un ejercicio para que los pueblos puedan guiar sus propias vidas", plantea.