Alegan que la asociación utiliza discursos racistas que incitan a la violencia, propicia a la xenofobia y al odio contra el pueblo mapuche. "… criminalizan a comuneros mapuche acusándolos de violentistas y terroristas", señalan en el recurso.
La Región25/03/2021
Yuliana Montiel
Cuatro comuneros mapuche pertenecientes a las comunidades Antonio Pichulman y Juan Queupucura de la comuna de Padre Las Casas presentaron un Recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, luego de varias publicaciones que consideraron “racistas y discriminatorias” por parte de la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía, más conocida por la sigla APRA en redes sociales.
De acuerdo a lo manifestado por los mapuche afectados, APRA, "es un grupo de ideología extrema, integrado por empresarios agrícolas y militantes de derecha, que ha tenido un discurso constante de odio, racismo, hostigamiento y ataque hacia el Pueblo Mapuche. En esa misma lógica, en incontables ocasiones han realizado declaraciones públicas, amparados en distintas redes sociales, en las cuales criminalizan a comuneros mapuche acusándolos de violentistas y terroristas – lo que ha sido desechado en distintas causas judiciales - con una clara connotación racista y xenófoba, cuyo último fin es crear un escenario que sólo contribuye a la represión y a la justificación de la violencia ejercida contra el Pueblo Nación Mapuche".
En este contexto, el día 2 de noviembre del año 2020, mapuche pertenecientes a las comunidades Antonio Pichulman y Juan Queupucura se reunieron con la finalidad de entregar una carta a la familia Vallette, actuales poseedores del Fundo Huichahue, el cual se encuentra inscrito por título de merced a nombre de las comunidades antes mencionadas, quienes en la actualidad se encuentran reivindicando su territorio.
Dicha carta, tuvo como objetivo expresar su preocupación y descontento, frente al loteo del mismo Fundo Huichahue, con la finalidad de convertirse en un emplazamiento de proyectos inmobiliarios.
Según señalaron los comuneros, al llegar las comunidades a las afueras del perímetro de la propiedad, se realizó una ceremonia Llellipun, en medio de la cual llegó hasta el lugar Patricia Vallette Gudenshwager, hija de los actuales poseedores del fundo. De acuerdo a lo que dicen los representantes de las comunidades, intentaron instaurar un diálogo con la familia Vallette, pero ésta no accedió a recibir la carta.
"De paso, increpó de forma prepotente a los asistentes y tomó fotografías a los miembros de las comunidades mapuche participantes, en contra de su voluntad. Dichas fotografías fueron enviadas, y posteriormente publicadas en la red social de APRA, como una denuncia", reclaman los comuneros.
La publicación (textual), señala: "... aproximadamente 40 violentistas están a la entrada del Fundo Huichahue Chico, Sector Millahuin. El dueño quiso salir del predio, pero no lo dejaron y fueron muy agresivos. Los dueños son personas de la tercera edad y hay mucho temor de que les causen daño".
En dicha publicación, consideran que se acusa de manera injustificada a los comuneros de “violentistas”, incitando un discurso de odio y racismo, vulnerando derechos fundamentales, tales como el derecho a la honra, a la vida privada y a la imagen.
Para la parte actora, "la publicación citada dio paso a la expresión de comentarios de terceras personas que utilizan un lenguaje de odio y que promueven estereotipos y prejuicios negativos hacia las personas del Pueblo Nación Mapuche".
Todos estos argumentos fueron expuestos en la audiencia telemática de este martes, frente al Tribunal de alzada temuquense, tras lo cual, la abogada y representante de las comunidades mapuche, Manuela Royo Letelier, enfatizó que se trata de "información falsa de los demandantes comuneros mapuche (…) propiciando palabras xenófobas y racistas a su perjuicio", añadiendo que el recurso busca proteger "la honra y la privacidad de los recurrentes, en contra de esta agrupación, señalando que este tipo de publicaciones incitan al odio en la región, al racismo y precisamente debemos buscar el respeto".
La narrativa predominante sostiene que "darles más tierras es un privilegio" (47,3%), lo que refuerza percepciones de injusticia y una crítica a la equidad del proceso.
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