Insólito: quedó en prisión preventiva por quemar basura en su predio
Mientras tanto, un abogado que ingreso cocaína a la cárcel de mujeres, quedó con arresto domiciliario. De igual manera dos asaltantes de Temucuicui.
Alegan que la asociación utiliza discursos racistas que incitan a la violencia, propicia a la xenofobia y al odio contra el pueblo mapuche. "… criminalizan a comuneros mapuche acusándolos de violentistas y terroristas", señalan en el recurso.
La Región 25/03/2021 Yuliana MontielCuatro comuneros mapuche pertenecientes a las comunidades Antonio Pichulman y Juan Queupucura de la comuna de Padre Las Casas presentaron un Recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, luego de varias publicaciones que consideraron “racistas y discriminatorias” por parte de la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía, más conocida por la sigla APRA en redes sociales.
De acuerdo a lo manifestado por los mapuche afectados, APRA, "es un grupo de ideología extrema, integrado por empresarios agrícolas y militantes de derecha, que ha tenido un discurso constante de odio, racismo, hostigamiento y ataque hacia el Pueblo Mapuche. En esa misma lógica, en incontables ocasiones han realizado declaraciones públicas, amparados en distintas redes sociales, en las cuales criminalizan a comuneros mapuche acusándolos de violentistas y terroristas – lo que ha sido desechado en distintas causas judiciales - con una clara connotación racista y xenófoba, cuyo último fin es crear un escenario que sólo contribuye a la represión y a la justificación de la violencia ejercida contra el Pueblo Nación Mapuche".
En este contexto, el día 2 de noviembre del año 2020, mapuche pertenecientes a las comunidades Antonio Pichulman y Juan Queupucura se reunieron con la finalidad de entregar una carta a la familia Vallette, actuales poseedores del Fundo Huichahue, el cual se encuentra inscrito por título de merced a nombre de las comunidades antes mencionadas, quienes en la actualidad se encuentran reivindicando su territorio.
Dicha carta, tuvo como objetivo expresar su preocupación y descontento, frente al loteo del mismo Fundo Huichahue, con la finalidad de convertirse en un emplazamiento de proyectos inmobiliarios.
Según señalaron los comuneros, al llegar las comunidades a las afueras del perímetro de la propiedad, se realizó una ceremonia Llellipun, en medio de la cual llegó hasta el lugar Patricia Vallette Gudenshwager, hija de los actuales poseedores del fundo. De acuerdo a lo que dicen los representantes de las comunidades, intentaron instaurar un diálogo con la familia Vallette, pero ésta no accedió a recibir la carta.
"De paso, increpó de forma prepotente a los asistentes y tomó fotografías a los miembros de las comunidades mapuche participantes, en contra de su voluntad. Dichas fotografías fueron enviadas, y posteriormente publicadas en la red social de APRA, como una denuncia", reclaman los comuneros.
La publicación (textual), señala: "... aproximadamente 40 violentistas están a la entrada del Fundo Huichahue Chico, Sector Millahuin. El dueño quiso salir del predio, pero no lo dejaron y fueron muy agresivos. Los dueños son personas de la tercera edad y hay mucho temor de que les causen daño".
En dicha publicación, consideran que se acusa de manera injustificada a los comuneros de “violentistas”, incitando un discurso de odio y racismo, vulnerando derechos fundamentales, tales como el derecho a la honra, a la vida privada y a la imagen.
Para la parte actora, "la publicación citada dio paso a la expresión de comentarios de terceras personas que utilizan un lenguaje de odio y que promueven estereotipos y prejuicios negativos hacia las personas del Pueblo Nación Mapuche".
Todos estos argumentos fueron expuestos en la audiencia telemática de este martes, frente al Tribunal de alzada temuquense, tras lo cual, la abogada y representante de las comunidades mapuche, Manuela Royo Letelier, enfatizó que se trata de "información falsa de los demandantes comuneros mapuche (…) propiciando palabras xenófobas y racistas a su perjuicio", añadiendo que el recurso busca proteger "la honra y la privacidad de los recurrentes, en contra de esta agrupación, señalando que este tipo de publicaciones incitan al odio en la región, al racismo y precisamente debemos buscar el respeto".
Mientras tanto, un abogado que ingreso cocaína a la cárcel de mujeres, quedó con arresto domiciliario. De igual manera dos asaltantes de Temucuicui.
Desde Junaeb informaron que las mujeres se encuentran en buen estado de salud y que la concesionaria cambió el artefacto que estaba en mal estado.
La mujer es investigada luego de un presunto fraude por $157 millones, los que fueron cobrados por un funcionario que al descubrirse lo sucedido, falleció.
El viernes en la Plaza de Armas se realizó el cierre musical de la Décima Versión del festival organizado por el Municipio.
El jefe regional de la S.I.S.S. Joan Milanca, informó de los avances en la fiscalización tras los constantes reclamos de los vecinos en torno a la calidad del agua.
La máxima autoridad de La Araucanía se querelló contra la parlamentaria de izquierda luego de que en varias ocasiones ella realizara declaraciones falsas en su contra.
Tras más de 13 años de espera la Municipalidad facilitó bulldozers para enterrar el basural y cerró con troncos de árboles y piedras para evitar el acceso de camiones y vehículos.
Como medida de protección se decretó la prohibición del sentenciado de acercarse a la víctima en cualquier lugar público o privado en que se encuentre, por el término de 10 años desde la fecha en que haya cumplido la condena o recupere la libertad.
En exclusiva conversó con AraucaniaDiario un extrabajador del empresario, quien poseería propiedades y bienes suficientes para pagar todo lo que debe a trabajadores y acreedores.
El nuevo ataque incendiario se produce un día después de conocido el veredicto del Tribunal Oral de Temuco que condenó al vocero de la CAM Héctor Llaitul.
La negociación municipal decidió que en Traiguén la UDI llevará 6 candidatos a concejal y Evópoli ninguno, no obstante que tiene un concejal en ejercicio.
Carlos Barra señaló que hay que entender que un peaje con un precio "módico" da mayor seguridad, desconociendo así lo que manifestaron los vecinos en 2022, que rechazaron una doble vía con peajes.
La ministra de Obras Públicas Jessica López dijo que es necesario por los altos costos de mantención que tendría la ruta. Desconoce así la oposición de los habitantes al cobro por transitar en esta vía.