
Sale la verdad: Cierre del brazo del río Trafampulli es para cuidar derechos de agua de empresarios
El Gobierno reconoció que la construcción del dique para cerrar el afluente del lago Caburgua, es para resguardar el cauce a quienes tienen derechos.
Así lo informó el diputado Andrés Molina, quien señalo además que los antecedentes serán puestos en conocimiento de la Fiscalía y que se confirma un "modus operandi" consistente en demorar los pagos a pequeños empresarios.
La Región13/05/2021
Tras una serie de denuncias realizadas por pequeños empresarios y pymes locales, el Diputado Andrés Molina solicitó hace dos años a la Contraloría General de la República, realizar una investigación que hoy, concluye que al interior de la dirección Regional de Vialidad de la Araucanía y de la Fiscalía del MOP, se detectaron situaciones que denotan faltas a la probidad, la transparencia y publicidad en la realización de millonarios contratos para la construcción de caminos.
“Hubo irregularidades tanto en la adjudicación de la licitación como en la modificación del contrato, y éstas, puntualmente consisten en una demora excesiva en tramitar los procesos de ejecución del proyecto de obra. Además, la Contraloría señala en el informe, que la dirección de Vialidad no tiene ningún documento que pruebe que entregó antecedentes topográficos y de entrega de terreno al contratista”, explicó Molina.
Los antecedentes, confirman las denuncias realizadas en su momento por contratistas como Bruno Fulgeri, quien dio a conocer públicamente estos hechos junto al Diputado Molina, quien se manifestó satisfecho, por ahora del trabajo realizado por el ente público.
“Hay una serie de aristas que a nuestro juicio, aún deben ser investigadas para determinar presuntas responsabilidades al interior del organismo estatal, todos los antecedentes descubiertos, serán puestos a disposición de la Fiscalía, la que ahora debería abocarse a determinar presuntas responsabilidades criminales”, expresó.
“Todo esto, claramente prefigura un modus operandi que consistiría en demorar procesos de licitación y de esa forma “apretar” a los pequeños y medianos empresarios", señaló Andrés Molina.
"Así, se genera el mayor mal de las instituciones públicas: la corrupción, la que se sabe como comienza, pero difícilmente donde termina, especialmente cuando se manejan millonarios presupuestos financiados con el dinero de todos los chilenos”, sentenció el legislador.

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