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Los familiares del comunero que falleció cuando tenía 17 años producto de un impacto balístico por parte del oficial (r) Marco Treuer, habían presentado un recurso para anular la sentencia, pues señalaron no estar conformes con la pena de 3 años que se dio por cumplida.
La Región15/12/2021
Los hechos se remontan al año 2002 en el Fundo Santa Alicia en la comuna de Angol, cuando eventualmente un grupo de manifestantes se habría tomado el sector, generando la concurrencia de Carabineros para proceder a desalojarlos, momento en que se generó un enfrentamiento con disparos, causando la muerte del joven mapuche.
La familia del comunero ha esperado casi 20 años por justicia, la que comenzó a aparecer cuando el ex oficial de Carabineros fue declarado culpable el pasado 16 de octubre. Sin embargo, la sentencia no cayó nada bien en sus padres, quienes manifestaron no estar de acuerdo con los 3 años de pena otorgados por el Tribunal, los que además, se dieron por cumplidos, tras haber estado con "diferentes medidas" cautelares desde 2018.
Nuevo revés
Tras los hechos y la libertad del imputado, fue que los familiares de Lemún, en representación de su abogado, presentaron un recurso de nulidad para dejar sin efecto el juicio en que se condenó al coronel (r), Marco Aurelio Treuer, por el homicidio del comunero, pues afirmaron que "la pena aplicada no se condice con la gravedad del hecho que se investigó".
Y fue luego de que el tribunal manifestara haber recibido "los alegatos" por parte de la familia, del Ministerio Público y los querellantes, este 14 de diciembre a eso de las 08:30 horas se confirmó que fue declarado admisible el recurso y se decidió anular la sentencia, por lo cual deberá ser repetida, el que quedará a cargo de un tribunal no inhabilitado.
Hay que recordar que este hecho es uno de los más emblemáticos de nuestro país, puesto que Treuer se convirtió en el primer oficial de Carabineros en tener un veredicto condenatorio. Mientras que Lemún en el primer comunero asesinado en este denominado "conflicto".

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Con una inversión cercana a los 150 millones de pesos, mejoró la calidad de vida de las familias, dinamizando la economía de los territorios rurales.

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El organismo cuestiona que el oficial no haya sido informado de la calidad procesal en la que se encontraba y tampoco de los derechos que tenía como imputado.

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